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Full text of "La Pandemia El Estado Y La Normalización De La Pesadilla"

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normalización de la pesadilla 


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Eduardo J. Almeida 













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La pandemia, el Estado y la normalización de la pesadilla 

Tamara San Miguel y Eduardo J. Almeida 
Agosto 2020 


Introducción 

La llegada de la pandemia al planeta tierra intensificó los efectos de una pesadilla. La crisis que desató 
el Covid-19 dejó ver y agudizó las múltiples crisis que ya existían y las condiciones inhumanas en las 
que ya vivía una buena parte de la humanidad. 

El eje del análisis se basa en la hipótesis de que la mayoría de los Estados actuales son estructuralmente 
incapaces de enfrentar una amenaza como la del SARS-CoV-2 sin estrategias que impliquen actos 
inhumanos, violatorios de derechos humanos y potencialmente criminales. Estas estrategias tienen que 
ver tanto con su debilidad estructural como con dinámicas más profundas relacionadas con la forma en 
que se configuran las relaciones de poder. Nos enfocamos en el poder Estatal entendido como dominio 
sobre la vida y la muerte de quienes viven o transitan por sus territorios o jurisdicciones, sobre todo en 
situaciones de “emergencia”. 

El análisis parte de la combinación entre la violencia, los derechos humanos y el desarrollo en una 
situación de emergencia y la lógica del triage social como justificación ética de actos inhumanos. A 
partir de la revisión de algunos casos que hemos identificado como graves pretendemos identificar las 
violaciones graves de derechos humanos que se han cometido durante la pandemia por causas 
preexistentes agudizadas con la crisis sanitaria o bien por la ejecución de las medidas de emergencia. 
Abrimos la pregunta de si esos actos que han violado derechos humanos configuran crímenes de 
Estado. El ejercicio de señalar los actos nos parece esencial para desnonnalizar lo que pretende 
imponerse como normal en el contexto de la pandemia. 

Aunque nos enfocamos en algunos casos de algunos países del continente americano que penniten 
tener una visión general de las dinámicas Estatales en la región, vemos este texto como un primer paso 
en un análisis que valdría la pena hacer a mayor profundidad y en todas las geografías posibles. No es 
un texto fríamente calculado (aunque los cálculos sean fríos) o con pretensiones de objetividad y 
asepcia, surge de la indignación por las atrocidades que pretenden ocultarse bajo la tragedia de la 
pandemia, surge de la inquietud por encontrar rumbo para actuar frente a los crecientes abusos, surge 
de la urgencia por buscar señales de esperanza en medio de la incertidumbre. 

Este texto es un inicio y a la vez es una invitación para construir o compartir análisis similares que 
puedan darnos una visión más clara de las dinámicas de poder en esta nueva etapa pandémica y de los 
actores que pretenden usar la crisis para sostener estructuras y relaciones que nos están llevando de una 
catástrofe a otra hasta que no quede nada más que (tal vez) ellos. 



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La pandemia 

Un virus, un ser infinitamente pequeño, implicó una crisis social planetaria. La metáfora convertida en 
realidad sobre la fragilidad del mundo globalizado es devastadora. El origen griego de la palabra 
pandemia, “pan” (todo) “demos” (pueblo) pareciera un estado idílico de la humanidad, el único 
problema es que lo que en el 2020 une a todo el pueblo de este planeta es una elusiva y compleja 
enfermedad que demuestra la profunda vulnerabilidad de la humanidad. La pandemia no es resultado 
únicamente de la existencia del virus SARS-CoV-2, ni de las mutaciones que puede haber tenido, ni de 
los padecimientos que provoca, es resultado del impacto social que tienen la combinación de contagios, 
padecimientos y la capacidad de contención y respuesta que podemos tener como humanos y como 
sociedades. Lo que también hace distinto a una pandemia, y a esta en particular, es su dimensión 
global. 

Desde el año pasado existían advertencias sobre el aumento de enfermedades provocadas por la 
deforestación en todo el mundo. Se sabía que esta práctica cada vez menos regulada podía implicar el 
surgimiento de enfermedades infecciosas. (Ziminer, 2019) 

Según un reporte especial del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas (UNEP, 2020) los 
virus de origen zoonotico son enfermedades que están emergiendo de los animales y saltando a los 
humanos. De todas las nuevas y emergentes infecciones en humanos alrededor del 75 por ciento vienen 
de "especies de salto", de otros animales a las personas. La mayoría de las zoonosis pasan de fonna 
indirecta a través del sistema alimentario. En el estudio identifican siete factores que pueden estar 
provocando la aparición de estas enfermedades: 1) el aumento de la demanda humana de pro teína 
animal; 2) la intensificación de la agricultura insostenible; 3) mayor uso y explotación de la vida 
silvestre; 4) utilización insostenible de los recursos naturales provocado por el acelerado crecimiento de 
las urbes, el cambio de uso del suelo y las industrias extractivas; 5) aumento de viajes y transporte; 6) 
cambios en las cadenas de producción y suministro de alimentos; y 7) el cambio climático. 

Las condiciones para que llegara esta catástrofe se fúeron anunciando. La pandemia es un desastre y lo 
que lo configura como tal no es la amenaza natural sino las vulnerabilidades o capacidades de enfrentar 
esa amenaza. El desastre es un fenómeno social que pone en crisis la “normalidad”, en el caso del 
Covid-19 lo que se pone en crisis es la capacidad de contener los contagios y evitar las muertes, algo 
que pone a prueba los sistemas sanitarios, económicos y políticos. Como cualquier desastre, la 
pandemia provoca tiempos acelerados a los que cualquier sociedad responde con aquello que tiene, es 
decir, lo que hay para enfrentarla es con lo que se puede enfrentar, sean capacidades técnicas, 
estructurales, económicas o hasta culturales. 

Esta pandemia, la del coronavirus, es como cualquier desastre, pero no es cualquier desastre, es uno 
que ha puesto en crisis prácticamente a toda la humanidad, y en situaciones de crisis, como en un barco 
que se hunde, surgen todo tipo de reacciones y decisiones, sabias, solidarias, oportunistas y crueles. 



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La crisis de un mundo en crisis 

Desde que llegó el Covid-19 ciertamente nada es igual que antes, la cruda realidad que se venía 
creando día a día provocada por el capitalismo desenfrenado que vivimos en casi todo el mundo nos 
llevó a tener las cifras de terror que tenemos ahora. Hoy en día prácticamente todos los seres humanos 
del planeta estamos siendo afectados por la incertidumbre que provoca la pandemia del coronavirus. 
Esa incertidumbre nos está haciendo añorar las crisis globales que teníamos antes de estar en esta crisis, 
pues como bien dicen muchos analistas como Naomi Klein (2020), el mundo ya estaba en crisis antes 
de esta crisis, estaba en llamas, en un deterioro ambiental catastrófico, con millones de personas sin 
posibilidades de sobrevivir y el resto apenas sobreviviendo, con un 1% de excepción. La privatización 
de la salud en casi todos los países y la situación de olvido en la que viven amplios sectores de la 
población han jugado un papel fundamental en el impacto que ha generado la pandemia del SARS- 
CoV-2. 


Hemos presenciado miles de contagios, miles de muertes, y zozobra en todo el mundo frente a un 
enemigo mortal que parece apocalípticamente amenazante. Sin embargo, el viral coronavirus no es un 
monstruo mitológico invencible, es un organismo que provoca una nueva enfennedad, grave, en 
proceso de ser entendida, potencialmente mortal, pero con la rápida respuesta de médicos e 
investigadores en todo el mundo, tratable y curable sin necesidad de magia o soluciones espectaculares, 
simplemente con hospitales capaces de recibir a los enfermos, doctores bien capacitados y 
medicamentos adecuados y disponibles podría ser suficiente. Pero a pesar de ser en términos 
patológicos un problema remediable más allá de la existencia o no de una vacuna, el Covid-19 está 
resultando una tragedia de proporciones globales. 

Más allá de las teorías de conspiración sobre el origen del virus (desde los estofados de murciélago 
hasta la guerra biológica), la realidad es que nadie estaba preparado. Prácticamente todos los países del 
mundo tuvieron que tomar medidas para enfrentar la llegada del virus o para tratar de retrasarla o 
aplanar la ya paradigmática curva de contagios. Algunos países han tenido reacciones más ágiles y 
efectivas que otros, pero la realidad es que ningún país parece salvarse. 

Byung-Chul Han (2020) hace un interesante análisis de las condiciones culturales y políticas que 
permitieron a los países asiáticos enfrentar la pandemia con relativa efectividad, el resultado a largo 
plazo de su análisis es casi más preocupante que el virus en sí. China, Japón, Corea, Taiwán logran 
controlar el primer ciclo de la pandemia porque tienen un control casi total de la cotidianidad de las 
personas que viven dentro de sus fronteras. Vigilancia digital pennanente, cámaras de seguridad en 
todos los espacios sean públicos o privados, reconocimiento facial, capacidad absoluta de control 
poblacional, sumisión completa al Estado (o confianza si nos gustan los eufemismos), y eso sí, 
cubrebocas, muchos cubrebocas. 

La crisis sanitaria y humana que estamos viviendo en el mundo está siendo aprovechada sin duda para 
controlar a la población, aumentar la polarización en cada país y a nivel global, pasar leyes que en otros 
momentos habrían provocado mayores reacciones sociales, militarizar la vida social y la seguridad 



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pública, vender, especular y continuar con la misma lógica que nos ha dejado en dónde estamos a nivel 
social, político, económico y ambiental. 


¿Salvar vidas o salvar la economía? 

Las respuestas de cada país, de cada persona, han sido diversas y hasta paradójicas desde las compras 
de pánico (sobre todo de papel higiénico y cervezas, esenciales al parecer para la supervivencia 
humana) que presuponen que un "otro mezquino" acumulará los recursos; la exigencia de estrategias de 
cuarentena coercitiva y vigilancia digital; hasta la "confianza" en la civilidad ciudadana. En toda crisis 
grave saca lo peor y lo mejor de la humanidad, como señaló Rodríguez Lascano (2020) “cada uno 
comienza a elaborar sus criterios de supervivencia, unos quieren asegurar papel de baño, pero otros se 
cuestionan una vieja forma de relación social y enseñan una solidaridad horizontal”. 

En muchos aspectos, la pandemia, como apunta Zibechi (2020), acelera tendencias preexistentes que 
van desde la interrupción de la integración económica y el debilitamiento político del sistema hasta 
profundas transformaciones psicológicas y culturales. 

En medio de la incertidumbre y del exceso de infonnación verdadera, falsa y combinaciones entre 
ambas, algunas cosas se han vuelto evidentes: la primera es que la propagación del virus nos mostró el 
nivel de interconexión que hay entre los seres humanos de este planeta, contagio tras contagio. Ha sido 
necesario forzar el distanciamiento social para tratar de disminuir la frecuencia de esas conexiones y así 
tratar de reducir el número de contagios. La segunda es que los efectos y temores económicos y de 
abastecimiento de insumos médicos, alimentos, materias han mostrado el nivel de interdependencia 
global desde las grandes cadenas de producción hasta las cuestiones más cotidianas de la vida. La 
tercera es que, en tiempos del Big Data, de la nanotecnología, del aparente entendimiento y control 
minucioso que los humanos teníamos sobre el planeta, el imaginario de nuestra aptitud suprema de 
supervivencia y dominio sobre la naturaleza se desmorona y hace explícita nuestra vulnerabilidad como 
especie. 

Algo que es importante apuntar es que esta pandemia pudo haberse prevenido, no la aparición del virus, 
los contagios iniciales, tal vez ni siquiera su expansión por algunos países, pero sí su dimensión global 
y su letalidad. En su análisis sobre la pandemia y el sistema-mundo, Ramonet (2020) muestra que en 
varios reportes recientes de las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, en análisis de 
expertos y en múltiples foros se había planteado la posibilidad de una pandemia de estas proporciones 
por un virus con las características del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, y en muchos casos se hicieron 
recomendaciones para establecer las medidas sanitarias para poder prevenirla o enfrentarla. 

No eran necesarias medidas espectaculares ni tecnologías de avanzada sino estrategias simples con 
herramientas tan sencillas como el jabón, herramientas de costura para los tapabocas y la 
implementación de medidas de distancia, y evidentemente, un sistema de salud pública eficaz. Como 
señala Ramonet, Vietnam es un ejemplo interesante pues con unos cuantos contagios estableció 



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estrictas medidas de distancia y logró controlar el brote en cuestión de semanas y sin un gran número 
decesos. Otros casos interesantes de reacción temprana son Nueva Zelanda y Cuba. En el primer caso 
limitando la hipermovilidad y estableciendo “burbujas” comunitarias que pennitieron la interacción 
entre personas sanas. Los resultados de esas medidas los conocemos, contuvieron los contagios. En el 
caso de Cuba con un sistema de salud pública robusto, con claros protocolos de respuesta ante una 
situación como ésta, un importante desarrollo de medicamentos y diagnosticando casa por casa sin 
necesidad de grandes recursos espectaculares, simplemente con buena práctica médica. Es decir, había 
la experiencia, la información y las advertencias necesarias para que el mundo, y sobre todo la 
economía capitalista, aceptara con humildad una pausa en su avance devastador y evitara el número de 
muertes que se está registrando. Pero lo que se hizo se hizo tarde y con la excusa de la sorpresa, y esto 
ha tenido efectos graves en la vida de prácticamente todos los seres humanos del planeta, 
extendiéndose en el tiempo y afectando las relaciones sociales y sí, también las económicas. 

A lo largo de la pandemia hemos escuchado reiteradamente la contraposición entre medidas sanitarias 
orientadas a evitar contagios, en particular las medidas de distancia social, y la economía global que 
aparentemente requiere volver a las actividades habituales y a la interacción directa entre personas, lo 
que ha planteado un aparente dilema entre salud y economía. El argumento de las medidas médicas y 
sanitarias para salvar vidas es directo, la distancia evita contagios, evitar contagios salva vidas. El 
argumento en favor de la reactivación de las actividades económicas es completamente indirecto, es 
decir que se basa en la idea de que la reactivación económica, la producción y el consumo, implica 
evitar el crecimiento del desempleo, de la pobreza y que eso resulta en mejores condiciones de 
supervivencia para todos. Plantea la idea de que la economía global salva vidas, tantas o más que el 
evitar contagios. Como si el sistema económico predominante antes de la pandemia beneficiara a todos. 

La lógica neoliberal tiene un fuerte componente de sacrificio de poblaciones que dentro del cálculo de 
costo-beneficio para la economía considera menos valiosas y por lo tanto descartables, como lo señala 
puntualmente en una entrevista Mbembe (Bercito, 2020). Estas poblaciones suelen ser las mismas de 
siempre, aquellas que son consideradas menos valiosas o aquellas que sufren una violencia sistemática 
y estructural, es decir, aquellos que se encuentran en la zona del no-ser como diría Fanón (1973). 

Meses después del inicio de esta crisis podemos ver cómo en muchos países los gobiernos están 
privilegiando la economía por encima de la salud, desde los rostros más grotescos, como el de Trump y 
Bolsonaro, hasta los llamados gobiernos progresistas. La mayoría han optado por salvar la economía, 
por presionar a la reapertura de la producción, por invitar a consumir, y por hacerlo con medidas 
sanitarias de protección individual (cubrebocas, lentes, guantes, etc), por comenzar a acostumbramos a 
lo que llaman una “nueva normalidad”. 

Las medidas sanitarias de distancia implican una protección colectiva en donde como dice Marcos 
Roitman (2020b) el no salir no solo implica cuidarme yo de no contagiarme, sino también el cuidar que 
yo no contagie a otros, la distancia es una medida de protección colectiva, sobre todo en los numerosos 
casos asintomáticos que parecen ser característicos de este coronavirus. Estas medidas implican que el 
Estado tiene que asumir la responsabilidad de que todos tengan las mejores condiciones posibles de 



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supervivencia dentro de la lógica del distanciamiento. También implica que los propietarios o socios de 
las empresas privadas tienen que asumir costos por mantenerse inactivos durante un tiempo sin recurrir 
a despidos que harían más precaria aún la situación de los trabajadores. En este contexto también se 
requiere de servicios públicos robustos, sobre todo en lo sanitario, en la atención a quienes dependen de 
la economía informal para sobrevivir cada día y en la regulación de las actividades de producción 
esenciales (alimentación, energía y comunicaciones). Un Estado que depende de servicios privatizados 
depende entonces de la disposición del sector privado o de tener los recursos económicos y políticos 
para su expropiación y así poder asumir los requerimientos de las medidas de distancia. Evidentemente, 
como se ha visto en varios países, existe también la posibilidad de establecer medidas extremas de 
distancia sin prever las condiciones de supervivencia de la población más vulnerable, sobre todo 
aquella que vive día a día de la economía informal. 

La reactivación de las actividades económicas presenciales implica un aumento en la interacción 
directa entre personas y por lo tanto una mayor exposición de la población al contagio del virus, por lo 
tanto requiere un énfasis en la protección individual. Esto exime a las empresas privadas de tener que 
asumir costos por las medidas de protección pues les permite reactivar su actividad lucrativa y hace 
dispensable la necesidad de que los empleadores asuman medidas de protección de la salud de los 
empleados. Asimismo, el Estado puede desafanarse de la necesidad de asumir la responsabilidad 
directa de que todos tengan los medios indispensables de supervivencia. Los servicios esenciales 
pueden seguir su camino de privatización, incluida la salud. 

En este último escenario la responsabilidad de evitar el contagio recae completamente en los individuos 
y en su capacidad por aislar su cuerpo, lo que evidentemente será más o menos fácil dependiendo de su 
ubicación en las relaciones de producción. Un accionista adinerado de una empresa estará en mejores 
condiciones para distanciar su cuerpo de los virus que un obrero. 

La pregunta aquí es cuántos Estados tienen aún las condiciones institucionales para asumir medidas de 
protección colectiva ante la pandemia, y cuántos están dispuestos a asumir los costos políticos y 
económicos para tenerlas. Lo que ya se percibe como una realidad en construcción es un nuevo ciclo 
de operación de los dos binomios en el proceso del capitalismo neoliberal que identificaba el 
Subcomandante Marcos (1997) hace más de veinte años: destrucción-despoblamiento y reconstrucción- 
reordenamiento. 


El Estado de Malestar en la Cuarta Guerra Mundial 

Desde hace décadas se fue instalando lo que Rodríguez Azueta (2019) llamó el Estado de Malestar 
después de que se fue desmantelando su opuesto, el Estado de Bienestar, así que ya teníamos 
normalizada la anormalidad que implicó que el Estado no gestionara la vida sino la muerte. Esto es lo 
que los zapatistas (Subcomandante Insurgente Marcos, 1997) llamaron la Cuarta Guerra Mundial, 
considerando que la Guerra Fría fúe la tercera. Para ellos esta Cuarta Guerra es la peor y la más cruel, 
una que el neoliberalismo libra contra la humanidad. En esa guerra la política se convirtió en 



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organizador económico, ya no en organizadora del Estado nacional. El crimen organizado fue 
penetrando los sistemas políticos y económicos de los Estados nacionales, las medidas económicas del 
Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional impuestas después de la crisis de la deuda 
mundial de los ochentas agudizaron las crisis de los negocios legales, la crisis de la deuda mundial 
provocó que los países “subdesarrollados” presentaran una reducción en sus ingresos dando pie al 
origen de una economía ilegal para llenar el vacío dejado por la caída de los mercados nacionales. 

Antes de la llegada del SARS-CoV-2 ya habíamos presenciado rescates económicos y bancarios a costa 
de la gente. La economía que se instaló entonces ha estado basada y sostenida en la desigualdad. La 
lógica brutal de la etapa neoliberal del capitalismo trajo consigo una creciente gestión burocrática de la 
barbarie que se sintetiza en lo que Rodríguez Lascano (2017) define como la nueva ideología del 
dominio: la guerra humanitaria. 

En estas circunstancias, el repliegue en tiempos de crisis de los derechos humanos como herramienta de 
resistencia ante los abusos del poder es brutalmente claro. De pronto la discusión de los derechos 
humanos regresó a la preservación de la vida, y a primera vista pareciera que a costa de todos los 
demás derechos. El año 2001 marcó el auge de los estados de excepción permanentes y de la seguridad 
como derecho supremo a reclamar, además de como fuente primaria de legitimidad. Poco a poco esta 
lógica se ha matizado entre escándalos por crímenes de guerra (reconocidos y no) y por la crisis de 
2008 que puso en evidencia la fragilidad del sistema financiero global y la voracidad de las 
corporaciones transnacionales. Pero esas coyunturas que han evidenciado la brutalidad y la debilidad de 
los Estados se han enfrentado con la agudización de las condiciones que las provocaron. En el caso de 
la seguridad con el inicio de una guerra interminable en Medio Oriente y con la criminalización de 
quienes denuncian los actos atroces en esas guerras, como ocurre con el caso de Julián Assange. En el 
tema financiero la respuesta fueron costosos rescates que llevaron dinero público a bolsillos privados. 
Tanto la experiencia de 2001 en el campo de la seguridad como la de 2008 en el financiero nos enseña 
que una palabra que parece generar una aceptación casi mágica de las soluciones más aberrantes es 
“emergencia”. 

Rajagopal (2007) señala que los estados de emergencia fueron un mecanismo para deslegitimar los 
movimientos de liberación en las colonias europeas y negarles a esos conflictos el estatus de guerra o 
de desafío al Estado, los reducía a situaciones que requerían el restablecimiento del orden. Por otra 
parte, el estado de emergencia pennitió eliminar la aplicabilidad de normas jurídicas internacionales 
que podrían tener efectos en una situación normal de desorden intemo. Esta experiencia, este 
mecanismo, se trasladó de los imperios al derecho internacional, que como Anghie (2015) señala deriva 
de los primeros, y de ahí a todos los Estados que de alguna manera se han annonizado con las formas 
jurídicas europeas. El efecto de este traslado es que en un estado de emergencia no existen muchas 
normas jurídicas que puedan aplicarse, no es una situación de guerra por lo tanto el derecho 
internacional humanitario queda relegado, y no es una situación normal, no es tiempo de paz por lo que 
los derechos humanos quedan mayormente sujetos a los criterios que el Estado establezca para la 
emergencia. 



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Existen algunas normas internacionales como los Principios de Siracusa adoptados por la ONU en 1984 
que establecen algunas disposiciones que deben aplicarse cuando por una declaración de emergencia un 
Estado pretenda limitar o derogar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre otras 
cosas establece garantías que no pueden ser suspendidas como el derecho a la vida, a no ser torturado, a 
la libertad de pensamiento, entre otras, y establece criterios de necesidad, legalidad, racionalidad, 
proporcionalidad y temporalidad para las declaratorias de emergencia. Sin embargo, así como 
establece protecciones a ciertos derechos insuspendibles, también establece criterios para que los 
Estados puedan suspender otros derechos en situaciones que consideren de emergencia, aludiendo al 
mismo tiempo a la responsabilidad de los Estados en cuanto a lo “estrictamente necesario”. En el caso 
de las emergencias como la que presenta el Covid-19, los Principios de Siracusa determinan que: 

"La salud pública puede invocarse como motivo para 1imitar ciertos derechos a fin de 
permitir a un Estado adoptar medidas para hacer frente a una grave amenaza a la salud de la 
población o de alguno de sus miembros. Estas medidas deberán estar encaminadas 
específicamente a impedir enfermedades o lesiones o a proporcionar cuidados a los enfermos y 
lesionados.” (UN Commission on Human Rights, 1984). 

Estas normas tienen una redacción general y están sometidas a los criterios geopolíticos que detenninan 
su aplicabilidad como ocurre recurrentemente en el derecho internacional. A esto hay que agregar que 
una catástrofe de la que deriva una emergencia genera un estado de conmoción en la población que la 
inmoviliza por lo menos temporalmente y que la hace susceptible a aceptar las acciones que determinen 
quienes aparentan tener el control (Klein, 2007). Esto dificulta la posibilidad de poner la atención sobre 
normas internacionales poco difundidas y dificulta su aplicabilidad, ya no sólo por el contexto 
geopolítico global, sino por la dificultad de enfrentar simultáneamente la conmoción y enfrentar los 
abusos de los agentes del Estado. El estado de conmoción que produce la catástrofe, en este caso la 
pandemia, aumentado por la acción del Estado deriva en un comportamiento de socialconfonnismo 
(Roitman, 2020a) que inhibe la conciencia y paraliza la posible acción colectiva en un estupor que se 
presenta como responsable. Todo esto permite que durante una catástrofe se dé el ambiente para que la 
gestión de la vida y la muerte quede en manos de quienes detentan el poder del Estado o están en 
condiciones de manipularlo. 

A este proceso de la emergencia hay que agregar otro elemento que tiene orígenes anteriores a la 
pandemia. Ulrich Beck (2003) señalaba dos procesos que permean los Estados y las sociedades en el 
proceso general de globalización, el del régimen neoliberal y el de los derechos humanos. Por una 
parte, en el período neoliberal los derechos humanos pasaron de ser una forma de defensa contra el 
poder a ser la concreción del poder como apunta Douzinas (2005). Por otra parte, el neoliberalismo 
llevó en las últimas décadas del siglo XX a acelerados procesos de privatización en sectores antes bajo 
el control del Estado, convirtiendo a este último en la representación de una facultad técnica 
administrativa que posibilitó el crecimiento de una economía global corporativa (Sassen, 2007). 

En una especie de annonización entre el régimen neoliberal como fonna de estructuración de las 
relaciones económicas y Estatales en la globalización con los derechos humanos como su discurso 



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moral, toma fuerza otro discurso heredado del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, el del 
desarrollo. Esta preocupación por el desarrollo surge tanto de las problemáticas que representaban las 
ex-colonias y ahora nuevos Estados en términos de pobreza en combinación con la necesidad de las 
antiguas metrópolis por recuperarse tras la guerra (Naredo, 2015). Si bien el concepto de desarrollo en 
la posguerra tomó un carácter eminentemente pragmático, durante el período neoliberal ese 
pragmatismo se volvió tan brutal en lo concreto como eufemístico en el discurso. Desde los sesenta y 
setenta el desarrollo se volvió casi un sinónimo de bienestar, y a finales de los noventa ese bienestar 
potencial parecía justificar cualquier acción, cualquier proyecto, cualquier violencia. 

Como también advierte Rajagopal (2007), la violencia del desarrollo suele ser un punto ciego de los 
derechos humanos, habitualmente se le ubica fuera de ese campo, a pesar de la cantidad de violaciones 
sistemáticas que derivan de ella. Si bien la violencia del mercado es regularmente señalada en toda 
clase de movimientos sociales, foros y discursos para denunciar los efectos perversos del capitalismo, 
ésta se ha ido adaptando y se oculta bajo esa otra violencia del desarrollo que es menos señalada. Estar 
en contra del mercado en América Latina puede ser hasta habitual, es ir en contra de los ricos en países 
mayoritariamente pobres (independientemente de las alquimias estadísticas), pero estar en contra del 
desarrollo significa ir en contra de los intereses del bien común del país, por lo tanto, la violencia 
generada por el desarrollo tiende a volverse aceptable. 

La justificación de la violencia en nombre del desarrollo resulta en una argumentación capaz de socavar 
cualquier intento por frenarla desde el discurso de los derechos humanos, porque si bien es posible 
condenar a quienes cometen abusos puntuales, la causa estructural de esos abusos, los proyectos de 
desarrollo, suelen seguir su curso. 

Lina noción que resulta muy útil para referirse a la relación entre comercio y violencia en la economía 
política contemporánea es la de Necrocapitalismo (Banerjee, 2008) que establece que las formas 
contemporáneas de acumulación organizacional implican desposesión y sometimiento de la vida al 
poder de la muerte. En el necrocapitalismo la violencia, el despojo y la muerte, son resultado del 
proceso de acumulación, ahí se generan espacios que parecen inmunes a la intervención legal, jurídica 
y política, provocando la suspensión de la soberanía. Las corporaciones aprovechan cualquier 
situación para implantar estados de excepción y beneficiarse económicamente de ellos. Aquí entran los 
desastres, las guerras que aplanan el camino para la posterior reconstrucción que implica el 
endeudamiento de los países y la ejecución de programas de ajuste. 

El Covid-19 no llega a un mundo en blanco, se expande en ese mundo, en ese contexto de 
necrocapitalismo, de violencia, de eufemismos, de bienestar privatizado, de servicios públicos 
insuficientes y de Estados profundamente dependientes de los actores más poderosos del mercado. En 
conjunto con esto, en esta crisis de 2020, la del SARS-CoV-2, no nos enfrenta a "otros" humanos, sino 
a un "otro" invisible y aparentemente incontenible que pone en riesgo nuestra posibilidad de respirar y 
por lo tanto de vivir. Esto ha generado una enorme incertidumbre sobre lo que queremos proteger de 
"lo humano" y sobre cómo responder, sobre todo porque está implicando ponerse frente al sistema 
hegemónico y a sus inocultables contradicciones y sus peligrosas deficiencias. 


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El Triage Social: ¿Salvar qué vidas para qué economía? 

La pandemia del Covid-19 ha explicitado el control poblacional a través de la gestión de recursos de 
supervivencia limitados, se han desarrollado algoritmos éticos para tener la capacidad de decidir quién 
debe sobrevivir y quién no a partir de imaginarios sobre el "bien común" o ideologías que resuelven el 
dilema ético de quién los merece y quién no. 

Un algoritmo es una mala pronunciación latina de Al-Khwarizmi, el matemático persa del siglo IX, 
cuyo nombre durante la edad media se usó para describir cualquier método de cálculo sistemático o 
automático. Algoritmo actualmente tiene muchas definiciones, es un árbol de decisión, es un sistema al 
que se le ingresa información y del que se obtienen respuestas, es un conjunto de instrucciones que el 
usuario sigue de manera mecánica y de las que obtiene un resultado ideal (Steiner, 2012). Desde la 
edad media el estudio de los algoritmos ha dado resultados interesantes en la búsqueda de respuestas, 
sin embargo es hasta Claude Shannon que a finales de los treinta combinaría la matemática binaria de 
Leibnitz con el álgebra booleana para diseñar circuitos electrónicos capaces de guardar infonnación y 
resolver problemas. Como lo analiza Castells (1999) la importancia de la producción y gestión de 
infonnación desde ese momento y sobre todo a partir de finales del siglo XX ha transformado las 
relaciones sociales en el mundo en todos los ámbitos, incluidas las relaciones de poder y la política. 
Una muestra de la relevancia de la infonnación es la cantidad que se produce y almacena, hasta 1986 la 
cantidad era de 2.64 billones de gigabytes (entre digital y análoga), para el 2007 (hace 13 años) la 
cantidad era ya de 294.98 billones de gigabytes, es decir que en 20 años se ha almacenado más de cien 
veces más información que desde el inicio de la historia hasta 1986 (Hilbert y López, 2011). 

Además de la cantidad, la velocidad cuasi simultánea del flujo de información a nivel global ha llevado 
a requerir y depender de algoritmos capaces de procesar grandes cantidades en poco tiempo que 
permiten a quienes diseñan y controlan esos algoritmos tomar decisiones. En este sentido los 
algoritmos se han convertido en una nueva ideología científica para enfrentar la incertidumbre en un 
mundo global y a la vez reforzar las relaciones de dominación (Rodríguez Lascano, 2020). Los 
algoritmos se están utilizando para enfrentar problemas sociales y éticos, para tomar decisiones a partir 
de una lógica que implica ordenar, clasificar y en última instancia discriminar lo que sirve de lo que no 
sirve y a partir de ello decidir cómo actuar. La aplicación de algoritmos para problemas éticos y 
sociales implica aplicar rutas mecanizadas de decisión para tomar decisiones que afectan la vida en 
todos sus aspectos. Esto a su vez implica analizar la base sobre la cual se construye esa ruta 
mecanizada, es decir su propósito y su origen contextual e ideológico. 

Uno de los algoritmos ético-sociales, o de justicia distributiva como argumentan Moskop y Iserson 
(2007), más conocidos actualmente es el triage médico, que viene de la palabra francesa trier (filtrar, 
seleccionar, clasificar y separar lo útil de lo desechable) utilizada en la actividad agrícola, cuyo origen 
se atribuye al Barón Dominique-Jean Larrey, jefe de la Guardia Imperial de Napoleón, que desarrolló 
un sistema para evaluar y clasificar la atención a los soldados heridos en batalla entre los que 
requerirían atención inmediata por la severidad de sus lesiones y los que podrían esperar para ser 
tratados. A mediados del siglo XIX el cirujano naval de la Armada Británica John Wilson agregó la 



11 


clasificación de aquellos que no recibirían atención por no tener posibilidades de sobrevivir aún con 
tratamiento. Sobre esta base hay una larga historia de adaptaciones en los entornos militares, médicos y 
de servicios de emergencia. En todos los casos se utiliza para que en una situación de recursos médicos 
limitados se pueda ordenar, clasificar y discriminar pacientes. 

La idea general es que en un escenario de múltiples víctimas provocado por un evento catastrófico la 
crisis, en términos médicos, tiene un protocolo claro de triage, de clasificación en grupos: los de fácil 
recuperación sin intervención, los críticos sin posibilidad de recuperación aún con una intervención y 
los graves con posibilidad de recuperación con una intervención. Este es un proceso que se puede 
realizar en varios momentos que van desde el lugar en el que ocurrió el evento catastrófico hasta la 
atención hospitalaria. El criterio es simple y existen varias versiones y adaptaciones del algoritmo de 
triage para tomar estas decisiones, pero en el terreno la clasificación depende de los conocimientos 
científicos, capacidades técnicas y valoración ética de quien decide, y quien decide normalmente será 
médico o paramédico porque habitualmente son los que están socialmente (moral y legalmente) 
legitimados para tomar esa decisión. 

Ahora pensemos en una situación en donde la humanidad es ese escenario de múltiples víctimas 
provocado por la catástrofe de nuestras propias acciones. Así ha ocurrido con la pandemia del 
coronavirus en casi todo el mundo, el Estado está asumiendo las decisiones temporalmente, pero poco a 
poco el mercado y el Estado-gestor reasumen su relación para una gestión presuntamente “eficiente” 
de esos recursos limitados que favorece las relaciones de poder asimétricas. Las decisiones frente a la 
pandemia y sobre las prioridades (sanitarias o económicas) al respecto están estableciendo la 
clasificación de la sociedad y sobre cómo gestionar los recursos limitados de cada Estado y del mundo. 

Sjoberg Vaughan y Williams (1984) definieron el concepto de triage social como el mecanismo 
mediante el cual las burocracias gestionan a los sectores más “desfavorecidos” de la población. 
Mientras que en el triage médico, heredado de las guerras napoleónicas, los descartados por ser 
irrecuperables mueren, en el triage social, a los descartados, las burocracias les sacrifican las 
posibilidades de acceder a recursos, si continúan viviendo o mueren resulta irrelevante y se vuelve 
invisible para el “bien mayor”. Un crudo ejemplo de una de las formas más obscuras del triage social 
es el que se dio en el primer periodo del régimen Nazi en Alemania cuando el gobierno de Hitler 
asesinó selectivamente a todos los que tuvieran alguna “discapacidad” para evitar que se contaminara la 
“pureza racial aria”. 

En el caso de la actual pandemia el triage ocurre en ambos sentidos, en el médico y en el social. Cada 
Estado ha definido criterios para adjudicar los recursos sanitarios limitados a la población afectada por 
el SARS-CoV-2. A partir de criterios de bioética definen algoritmos para otorgar o negar atención 
médica directa, hospitalización o respiradores artificiales. Por otra parte toman decisiones sobre las 
actividades económicas, y sobre cuáles se consideran esenciales, sobre a qué sectores favorecer con 
programas públicos, es decir sobre qué partes de la población aprovecharán mejor los recursos del 
Estado para favorecer los propósitos del Estado, algo muy similar a la situación pre-pandemia. 



12 


Aquí surge un meta-triage, es decir una clasificación sobre qué sistemas de clasificación son más 
importantes. Se trata de salvar vidas, pero vidas específicas y a la vez de decidir sostener el sistema 
económico. Este meta-triage social, estas formas de decidir los criterios para clasificar a la población 
para decidir sobre la vida, la muerte, y sobre todo sobre las formas de vivir, de morir o de sobrevivir 
tienen que ver con las intervenciones y controles reguladores de la población que caracterizan a la 
biopolítica (Foucault, 1991) y a esas formas de existencia social características de la necropolítica 
(Mbembe, 2003), condiciones de vida a las que son sometidos grandes sectores de la población que los 
dejan en calidad de muertos vivientes. 

En un estado de emergencia se hace explícito el triage como forma de poder, en donde todo lo que está 
formalmente bajo el dominio del Estado se convierte en un campo, en un espacio de excepción que 
cada vez más tiende a volverse pennanente. Ahí y entonces, el soberano, el que puede determinar la 
excepción y definir los criterios del triage, asume el control para decidir sobre la nuda vida (Agambem, 
2001), sobre los humanos como seres biológicos y de ahí determinar quienes tienen la calidad de 
ciudadanos acreedores de derechos, quienes se convierten en refugiados (más allá de la documentación 
que tengan o no) merecedores de ayuda humanitaria o persecución policíaca, y quienes quedan como 
zombies, muertos vivientes, condenados a las formas más precarias de supervivencia o a morir en el 
olvido. 

En la emergencia específica de la pandemia, un criterio de triage es favorecer la protección del mayor 
número de personas de posibles contagios y evitando así que la demanda de servicios y recursos 
médicos supere los recursos existentes. Esto implica optar por ocupar mayores recursos públicos para 
asegurar la supervivencia de aquellos que dependen de la actividad productiva normal y presencial para 
sobrevivir. Además significa la reducción de ciertas formas de producción y consumo lo que implica, 
como habíamos establecido antes, una mayor presión sobre las empresas privadas en términos 
económicos y laborales, y a su vez una mayor presión política sobre los Estados. En este punto es 
importante anotar que algunos países han priorizado evitar la saturación del sistema de salud (camas y 
ventiladores) haciendo que las personas infectadas y con síntomas permanecieran en sus casas, algo 
que ha llevado a que muchos mueran sin llegar a los hospitales o que al llegar sean casos de gravedad 
extrema. 

Otra posibilidad es favorecer la producción y el consumo y asumir el riesgo de mayores contagios y la 
sobre saturación de los servicios de salud que inevitablemente deriva en más muertes. La decisión de 
priorizar la actividad económica sobre la protección de la salud implica considerar esenciales a los 
actores con mayor poder de generación de riqueza y considerar “irrecuperables” o descartables a 
amplios sectores de la población con menor relevancia económica. 

El debate entre la protección de la salud ante posibles contagios y la saturación del sistema de salud, la 
urgencia por "normalizar" la actividad económica y una especie de reconcientización de la necesidad 
de tener un planeta "sano" para poder sobrevivir como humanos, resultan en procesos definidos en la 
mayoría de los casos por unos cuantos "tomadores de decisiones" y "expertos" basados no sólo en una 
visión filosófica de lo humano ni en un diagnóstico o pronóstico de la sociedad, también en gran 



13 


medida por coyunturas en las relaciones de poder, en su futuro mediato. 

El triage social presenta un algoritmo que permite a los Estados justificar moral y técnicamente las 
consecuencias de decisiones éticas complejas en el que tienen que ver la gestión de la supervivencia y 
la discriminación de las poblaciones que rigen, igual que el paramédico, médico o primer respondiente 
en un escenario de múltiples víctimas donde sus decisiones de triage médico le penniten justificar la 
muerte de aquellos que detennina irrecuperables. En este punto es importante preguntarnos si esas 
decisiones, bajo la justificación del triage o no, en el contexto del necrocapitalismo, implican 
violaciones de derechos humanos y si estas implican crímenes de Estado. 

Si entendemos crimen de Estado como la desviación organizacional por parte de agencias del Estado 
que involucra la violación de derechos humanos (Green y Ward, 2000) entonces sí, quizás estemos ante 
la configuración de éstos considerando que la desviación organizacional se dio por privilegiar el 
funcionamiento de una economía desigual que ejerce formas estructurales de violencia y que beneficia 
fundamentalmente a una minoría sobre la necesidad de salvar el mayor número de vidas ante la crisis 
sanitaria. 


La pandemia y los derechos humanos en crisis 

Tanto la conceptualización de los derechos humanos como su aplicación y sus efectos están en una 
etapa de mucho debate y cuestionamiento. Y en estos tiempos se profúndizan las crisis pre-existentes. 

Un cuestionamiento central es el tema de su universalidad. La crítica conceptual de los derechos 
humanos tiene un argumento fuerte en que son producto de la narrativa europea de la modernidad que 
como señala Mignolo (2010) es la cara visible y benevolente de la colonialidad, por lo tanto su presunta 
universalidad tiene como centro una concepción eurocentrada en lo humano, patriarcal, blanco, 
heterosexual y capitalista, donde los que más se acercan a ese modelo se pueden considerar ciudadanos, 
dejando al resto de la humanidad en calidad de bárbaros peligrosos, salvajes inconscientes o seres 
antropomórficos sin la madurez genética o genérica para ser sujetos. No es coincidencia que sea 
precisamente el discurso de los derechos humanos el que se constituya como el discurso moral de la 
modernidad-colonialidad capitalista, como un vapor que respiramos y nos define sin percibirlo con 
claridad. En estas condiciones, los derechos humanos, su universalidad tiene un tono imperialista e 
implica la legitimación del sistema hegemónico instituido. En ténninos de Laclau (2005), los derechos 
humanos tienen como límite demandas intra-sistémicas. 

Esa lógica intra-sistémica moderno-colonial está en las formas cristalizadas, sólidas de los derechos 
humanos, en la transformación de norma moral a nonna jurídica que se concreta en la forma de 
garantías constitucionales o tratados internacionales. Aunque es un campo profundamente dependiente 
de los movimientos de la geopolítica, al convertirse en normas reconocidas dentro de las formas 
jurídico-institucionales del poder pueden adquirir una característica relevante, obligatoriedad. 
Evidentemente esta obligatoriedad, cuando existe, está limitada por el juego político, sin embargo, el 



14 


laberinto jurídico de los derechos humanos ha logrado en algunos casos encontrar salidas a situaciones 
de injusticia. 

En condiciones jurídicas los derechos humanos representan la concepción europea, moderna, liberal y 
colonial del Estado, y es cierto que su uso confirma las relaciones de dominación, sin embargo, en 
algunos casos concretos, pueden ser una herramienta complementaria que permite detener abusos, 
despojos, agresiones e incluso omisiones. 

Otra forma de los derechos humanos está sujeta a la lógica de la política coyuntural que surge de la 
contraposición entre dominación y resistencia. Por un lado el hecho de que los derechos humanos se 
configuraran como el discurso de justicia y dignidad de la modernidad-colonialidad capitalista los 
convierte en el discurso de legitimación del poder y por consiguiente del Estado. Esto los hace también 
una narrativa que alimenta una retórica hipócrita que permite que las injusticias concretas y los abusos 
del Estado y de quienes ejercen alguna forma de poder se invisibilicen. Es decir, el Estado utiliza los 
derechos humanos como ideales abstractos, intangibles, desconectados de la cotidianidad política. 
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de la Guerra Fría, los derechos 
humanos, junto con la democracia y el desarrollo, se han convertido cada vez más en uno de los 
discursos de legitimación del Estado, que paradójicamente llega a servir para justificar o enmascarar 
abusos e injusticias. 

El otro lado de esa misma moneda es lo que ocurre con los derechos humanos vistos desde quienes 
padecen esas injusticias y abusos. Hobsbawm (1982) argumenta que en el siglo XVII los reclamos no 
eran sobre derechos universales sino peticiones sobre agravios concretos. De muchas maneras, los 
derechos humanos se han convertido en una herramienta más de quienes sufren, para algunos, 
específicamente aquellos que no logran estar en condiciones para configurarse como sujetos rebeldes, 
son el único recurso de defensa que les pennite condiciones mínimas de resistencia. En estas 
situaciones, los derechos humanos permiten señalar la hipocresía del Estado, deslegitimarlo desde su 
propio discurso de legitimación. Esto evidentemente implica muchas estrategias de entre las cuales los 
derechos humanos son sólo una, pero en ocasiones muy útil. 

Durante la pandemia los derechos a la vida, a la salud, a la salud pública y a un medio ambiente sano 
han tomado relevancia en la arena pública. En simultáneo a esto están las declaraciones de emergencia 
que ponen en segundo término otros derechos como el libre tránsito o la privacidad. Las mismas 
declaraciones de emergencia sanitaria están reemplazando a los derechos humanos como discurso de 
legitimación con uno de justificación sobre sus actos, el del triage social. La lógica del triage social 
funciona en la situación de emergencia como justificación ética de actos inhumanos y desplaza como 
discurso legitimador a los derechos humanos. Plantea una nueva narrativa hipócrita, que el cometer 
actos inhumanos en una situación como la de esta pandemia es justo y en defensa de la dignidad 
común. 

En este punto resulta importante desenmascarar ese nuevo discurso hipócrita, lo que requiere demostrar 
que la lógica del triage social no es un manejo de recursos limitados en beneficio de las mayorías sino 



15 


un mecanismo de eliminación o sacrificio de población desechable en beneficio de las minorías más 
poderosas y señalar la responsabilidad estructural de los Estados al llevar a cabo o favorecer actos 
inhumanos. 

Para el análisis específico de la pandemia y los derechos será útil definir salud y salud pública. Salud es 
un derecho humano fundamental, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 
25, “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia sanitaria y los 
servicios sociales necesarios” (Asamblea General ONU, 1948). 

Para la Organización Mundial de la Salud salud es el “estado de completo bienestar físico, mental y 
social”. (International Health Conference, 2002). Según la OMS los derechos incluyen el derecho de 
acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas 
oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar. Además debe prever el 
acceso al agua potable y al saneamiento básico, la educación para la salud, la mejora de los cuidados 
materno-infantiles, las condiciones de trabajo seguras. El derecho a la salud para todas las personas 
según la OMS significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, 
cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Nadie debería 
enfermar o morir solo porque sea pobre o porque no pueda acceder a los servicios de salud que 
necesita. 

La salud pública implica que se consiga la máxima salud posible para el máximo número de personas 
mediante la aplicación del conocimiento científico acorde a cada contexto social, histórico y político 
(Benach, 2014). Esto permite afirmar que en la actual pandemia en múltiples casos no se ha respetado 
el derecho a la salud pública, pues desde antes de la pandemia las condiciones de acceso al agua 
potable, al saneamiento básico y a los servicios de salud eran de por sí precarias en muchas partes del 
mundo. Ahora con la crisis sanitaria ha muerto gente por no tener acceso a un sistema básico de 
protección de la salud. 

Esto nos plantea muchas interrogantes hablando de derechos humanos, ¿Podríamos estar ante crímenes 
de lesa humanidad? Si se retoma lo que dicen los estatutos de la Corte Penal Internacional estaríamos 
ante los que entran en el inciso k) “Otros actos inhumanos de carácter similar que causen 
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud 
mental o física." (Asamblea General ONU, 1998) 

La Corte interamericana de derechos humanos en una jurisprudencia en referencia al artículo 4.1. de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos asentó una idea que es de gran utilidad para analizar 
los derechos vulnerados en el contexto actual: 

“El derecho a 1a vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para 
el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos 
carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son 



16 


admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida 
comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida 
arbitrariamente, sino también del derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones 
que garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obligación de garantizar la 
creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese 
derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él". 
(Corcuera y Guevara, 2001:142). 

Esta jurisprudencia da la pauta para afirmar que el derecho a la vida no implica solo el derecho a no ser 
privado de ella, así podríamos comenzar a afirmar en el presente contexto global que uno de los 
derechos fundamentales vulnerados sería precisamente: la vida. 

Entonces, aunque las violaciones de derechos humanos han sido una realidad cotidiana en el mundo, 
partimos de que específicamente los derechos a la vida, a la salud y a la salud pública han sido violados 
frecuentemente desde que llegó la pandemia. Existen otros derechos que han sido vulnerados como el 
derecho a la libertad de expresión y a la información, entre otros más. 

Es importante anotar que además de las cuestiones de salud y salud pública violatorias de derechos 
humanos hay un complejo contexto de conflictos bélicos o potencialmente bélicos previos al Covid-19 
que entrelazan la geopolítica de la guerra y la economía con la de la salud pública. El bombardeo de 
Israel en contra del territorio palestino de Gaza en plena pandemia pasó prácticamente desapercibido, 
igual ocurrió con los ataques de Turquía a los suministros de agua del Kurdistán, y en general la guerra 
que se desarrolla en la región. Están también las señales de una intervención armada que la 
administración Trump amenazó (y amenaza) con lanzar sobre Venezuela, esto a pesar de los contagios 
entre personal naval de los portaaviones y destructores estadounidenses. 

En otro campo, está el continuo bloqueo promovido por Estados Unidos, aún para asistencia 
humanitaria, en contra de Cuba e Irán, y los mini-bloqueos que impuso a Alemania y Canadá, por lo 
menos en lo que respecta al abastecimiento de mascarillas N95. Habría que agregar también las 
medidas que han derivado en el reforzamiento de modos de control social, como ocurrió con la ley de 
seguridad China y sus implicaciones en Hong Kong. 

En el campo del trabajo, algo que estamos viendo es que como resultado de la deslocalización del 
capital, la reproducción de la mano de obra en funciones no es indispensable, existe un ejército de 
reserva global que en el contexto de la pandemia permite reemplazar a los contagiados o muertos, 
como se ha visto en Brasil, India, Sudáfrica, México e incluso en Estados Unidos. 

Además de las respuestas, oportunismos y problemas particulares entre los Estados y de los Estados 
frente a las poblaciones bajo su dominio o influencia, hay situaciones en las que los actos inhumanos 
han sido un patrón casi global. Las condiciones en las que se encuentra el personal sanitario son 
preocupantes a nivel mundial. Hasta este momento han muerto por lo menos 3,000 profesionales de la 
salud, según un informe de Amnistía Internacional (2020). Las condiciones que provocaron su muerte 


17 


no tienen que ver solo con la protección que debían tener y con las medidas sanitarias que requerían 
para atender enfermos de Covid-19 sino con represalias de las que han sido objeto. Según el mismo 
infonne del 13 de julio de 2020 estas represalias han sido: desde el arresto y la detención hasta 
amenazas y despidos. Los países con mayor número de muertes de personal sanitario hasta ahora son 
Estados Unidos (507), Rusia (545), Reino Unido (540, incluidos 262 asistentes sociales), Brasil (351), 
México (248), Italia (188), Egipto (111), Irán (91), Ecuador (82) y España (63). 

Otra situación que se está viviendo también a escala global es la que padecen los presos ante la 
pandemia. Si de por si la situación de hacinamiento que se vive en las cárceles en la mayor parte del 
planeta es muy fúerte, ahora con la pandemia el riesgo de contagio y de muerte es aún más alto. Como 
lo ha denunciado Zaffaroni (2020) “nos encontramos ante una nueva forma de crímenes de lesa 
humanidad, como es el caso de las cárceles. Si no se hace nada, se mueren”. Desde casos en los que 
permiten esto por razones políticas como el de Julián Assange, hasta los de las personas presas por 
delitos comunes, la constante es que los seres humanos que viven en las cárceles parecen considerarse 
población desechable. 

El 13 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de su Sala de 
Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la crisis en relación con la pandemia del SARS-CoV- 
2 llamó a los Estados a enfrentar la grave situación de las personas privadas de la libertad en la región 
y a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud y la integridad de esta población y de sus 
familias, frente a los efectos de la pandemia del Covid-19, así como a asegurar las condiciones dignas y 
adecuadas de detención en los centros de privación de la libertad, de conformidad con los estándares 
interamericanos de derechos humanos (CIDH, 2020). En particular, la Comisión insta a los Estados a 
reducir la sobrepoblación en los centros de detención como una medida de contención de la pandemia. 

Los centros de detención de migrantes presentan las mismas condiciones que muchas de las cárceles en 
el mundo y por lo tanto los mismos riesgos de contagio. Esta población creciente en el mundo parece 
ser también parte de la inhumana lista de los desechables por partida doble, tanto por las condiciones 
que los expulsan de su país de origen, como por las condiciones con las que se encuentran en los países 
de destino. El Covid-19 está dando la pauta, la excusa perfecta para que se levanten muros como el que 
Trump pretende terminar entre América Latina y Estados Unidos, o como la fortaleza que se ha 
pretendido construir alrededor de Europa para separarlos de sus antiguas colonias en Africa y Asia. La 
situación en la que se encuentran los migrantes del mundo ante la pandemia es brutal, en estos 
momentos deberían de ser atendidos, no expulsados. La violación del derecho a la vida y a la salud en 
estos casos ha sido grave y vulnerada sistemáticamente. 

Los pueblos originarios (como los de Latinoamérica, de Angloamérica y de otras partes del mundo) o 
las naciones no estatales o no reconocidas formalmente (como el Kurdistán o Palestina) para sobrevivir 
se ven ahora forzadas a enfrentar no sólo las amenazas que representan los Estados y los mercados sino 
también a tratar de contener los contagios y evitar más muertes. 


El panorama global es complejo y preocupante, y los procesos que se desarrollan en la pandemia 


18 


requerirán mucho tiempo de análisis y esperemos que de aprendizajes. Sin embargo, para poder hacer 
un esbozo de lo que todo esto está implicando es necesario escoger solo algunos casos. No porque sean 
más importantes sino porque pueden resultar ilustrativos de la conjunción de los elementos que hemos 
mencionado. 


El continente americano: ¿Derechos humanos o desechos humanos? 

Después de la diseminación del coronavirus por Asia y Europa, con desenlaces trágicos y poniendo en 
evidencia la vulnerabilidad humana a nivel global, el epicentro de la pandemia pasó al continente 
Americano con cifras de contagios y muertes que superaron rápidamente a los demás continentes. 


Americas 

12,134.2 

confirmed cases per 

Europe 

4,276.57 

confirmed cases per 

1 million population 

Eastern Mediterranean 

2,498.03 

confirmed cases per 

1 million population 

South-East Asia 

1,780.2 

confirmed cases per 

1 million population 

Africa 

897.44 

confirmed cases per 

1 million population 

Western Pacific 

i 

235.27 

confirmed cases per 

1 million population 

Source: World Health Organization 
^ Data may be incomplete for the current day or week 




Casos de contagio de COVID-19por millón de habitantes. Fuente: World Health Organization 


Americas 

431.87 

deaths per 1 million 

Europe 

232.12 

deaths per 1 million 
population 

Eastern Mediterranean 

66.33 

deaths per 1 million 
population 

South-East Asia 

33.85 

deaths per 1 million 
population 

Africa 

■ 

18.2 

deaths per 1 million 
population 

Western Pacific 

5.13 

deaths per 1 million 
population 


Source: World Health Organization 
^ Data may be incomplete for the current day or week. 



Muertes por COVID-19 por millón de habitantes. Fuente: World Health Organization 


Una característica importante en la mayor parte de Latinoamérica (y en menor medida en 
Angloamérica) son los altísimos niveles de desigualdad, a pesar de tener algunas de las economías más 
grandes del mundo. De acuerdo con los últimos datos del índice GINI (World Bank, 2020) en los 
últimos diez años la mayor parte del continente se ha mantenido entre niveles medios y altos de 
desigualdad. Los índices GINI miden qué tanto la distribución de la riqueza en un país se desvía de una 







































































































































































19 


distribución completamente equitativa, en donde 0% de desviación es el una distribución 
completamente equitativa y 100% es una distribución completamente inequitativa. Un país puede tener 
un gran crecimiento económico, un ingreso per cápita promedio muy alto, pero en la realidad eso 
significa que hay un 10% de la población que concentra el 90% de esa riqueza. 


País 

Año más reciente 

Valor más reciente 

Argentina 

2018 

41.4 

Bolivia 

2018 

42.2 

Brasil 

2018 

53.9 

Chile 

2017 

44.4 

Colombia 

2018 

50.4 

Ecuador 

2018 

45.4 

El Salvador 

2018 

36.6 

Guatemala 

2014 

48.3 

Honduras 

2018 

52.1 

México 

2018 

45.4 

Perú 

2018 

42.8 

Estados Unidos 

2016 

41.4 


Indice GINI Fuente: World Bank 


Otra característica del continente americano es el proceso de privatización que han seguido casi todos 
los países como parte de las políticas neoliberales impulsadas por organismos internacionales como el 
FMI y el Banco Mundial y que ha convertido el poder adquisitivo en un factor de filtración en el acceso 
a la sanidad. La salud es uno de los sectores que ha sido tendencialmente privatizado, algo que cobra 
relevancia al momento de requerirse atención sanitaria de manera masiva, como ocurre en un caso de 
pandemia. 



■ Gasto actual en salud (% del 
PIB) 

■ Gasto doméstico privado en 
salud (% del PIB) 


Gasto en salud 
(% del PIB) vs 
Gasto privado en 
salud (% del total 
de gasto en 
salud) Fuente: 
World Bank 

Además, de 
acuerdo con 
las cifras 
oficiales más 
recientes, en el 
continente 
existen 
enormes 


disparidades y deficiencias en la capacidad hospitalaria. 



























20 



/vv 


Camas de hospital por cada 1000 habitantes Fuente: World Bank 


En ténninos de derechos humanos la situación continental tampoco es alentadora, incluso si sólo se 
toman en cuenta mediciones cuantitativas muy generales como el índice de fragilidad estatal (Fund for 
Peace, 2015). De acuerdo con su calificación de violaciones de derechos humanos para los Estados del 
mundo en 2014, donde 0 es mejor y 10 peor, y que retoman variables como la libertad de prensa, 
libertades civiles, libertad política, tráfico de personas, prisión política, persecución religiosa, 
encarcelamientos, tortura y ejecuciones. Aunque el diseño del índice puede tener un sesgo en cuanto a 
las variables que retoma, sí muestra una situación bastante preocupante en el continente americano, 
tomando en cuenta que existen pocos conflictos armados reconocidos oficialmente y la mayoría de los 
países son presuntamente democráticos, con calificaciones medias (si se excluye Canadá y Uruguay). 



De acuerdo con el índice de Astringencia (Hale, 2020) de la Universidad de Oxford que mide qué 
tantas medidas de distancia y restricción de movilidad aplica un país para evitar contactos entre 















21 


personas y por lo tanto contagios (cierres de centros de trabajo, escuelas, espacios públicos, 
aeropuertos, transporte público, limitaciones a la circulación territorial, cuarentenas, toques de queda, 
etc.), en América Latina la respuesta en estos términos ocurre con mayor intensidad entre marzo y abril 
de 2020 en donde Argentina, El Salvador y Honduras se encuentran entre los países que aplicaron 
mayores y más estrictas medidas de distancia social y Brasil, Estados Unidos y México las menores. 


índice de Astringencia 



Argentina ARG 
Bolivia BOL 

-■ Brazil BRA 

- Chile CHL 

— Colombia COL 
Guatemala GTM 

— Honduras HND 
México MEX 

— Perú PER 

-- El Salvador SLV 

— United States USA 


Fuente: Oxford COVID-19 Government Response Tracker 


Con este contexto de telón de fondo, en América hay además un sinnúmero de proceso complejos, de 
conflictos y crisis previas a la pandemia que se agudizan con esta nueva crisis, que han evidenciado 
graves injusticias, detonado decisiones inhumanas y actos atroces. Aquí abordaremos casos con 
antecedentes pre-coronavirus, pero que con la pandemia han desembocado en situaciones graves que 
podrían representar violaciones a derechos humanos y posibles crímenes de Estado. 

La cantidad de actos y decisiones inhumanas o potencialmente criminales de los Estados durante la 
pandemia difícilmente se pueden agotar en un sólo texto y en un sólo análisis, sobre todo uno que se 
desarrolla mientras el SARS-CoV-2 sigue siendo el protagonista de la coyuntura global. Lo que 
tratamos de hacer aquí es presentar algunos casos específicos en algunos países del continente, aquellos 
que hemos identificado como graves. El propósito no es agotar el análisis y señalamiento de estos 
actos inhumanos, sino sumar en su impulso. 

Elegimos estos casos como una muestra general de las violaciones de derechos humanos que se están 
cometiendo, algunas detonadas por la pandemia, otras por enfrentarla y otras que se agravaron por la 
crisis sanitaria. 

Argentina 


La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional registró 69 asesinatos y una desaparición 






































22 


forzada que involucran a instituciones o agentes estatales entre el 20 de marzo y el 24 de julio de 2020. 
De ese total, 22 muertes ocurrieron en cárceles, 14 en comisarías y 24 fueron casos de “fusilamiento de 
gatillo fácil” (cuando la policía dispara sin clara justificación para hacerlo). Además tres feminicidios 
que involucran a fuerzas de seguridad, dos más en casos “intrafúerza” (intrafamiliar), dos arrollados 
deliberadamente por un patrullero, y dos detenidos por la policía que aparecieron muertos días después. 
A esto se agrega el caso de desaparición forzada en el mes de abril de Facundo Astudillo Castro. El 16 
de agosto se encontró un esqueleto que podría ser de Facundo (el cuerpo se encontraba en un grado 
avanzado de descomposición), su madre, Cristina Castro, señaló que a un lado apareció un zapato tenis 
como el que él usó la última vez que lo vio, el tenis estaba limpio, como ella dice, esto bien puede ser 
un mensaje. Flasta el momento no hay confirmación de las muestras de ADN (Pedulla, 2020). Los 
agentes que cometieron estos actos pertenecían a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires dirigida por 
Sergio Bemi, que parece ambicionar algún cargo público de alto nivel y de quién exigen la renuncia, a 
la Policía Federal, a la Gendarmería, al Servicio Penitenciario Federal y a los servicios penitenciarios y 
policías provinciales (CORREPI, 2020). 

Bolivia 

Bolivia se encuentra con la pandemia en plena convulsión política. Tras el golpe de Estado que llevó al 
poder a Jeannine Añez, el país se encontraba en una situación precaria, con un régimen que intentaba a 
la vez consolidar su poder por medios represivos y reestructurar las políticas internas y externas del 
país de acuerdo con su agenda. Para 2020 estaban previstas nuevas elecciones. El contexto electoral 
boliviano se combina con intereses en los recursos naturales del país que significaron el apoyo de 
empresas trasnacionales al golpe de Estado. Un claro ejemplo de esto es el reconocimiento público que 
Elon Musk hizo en su cuenta de Twitter en apoyo al golpe, en un país con importantes yacimientos de 
litio, materia prima esencial para la industria tecnológica. 

El Covid-19 ha evidenciado la fragilidad institucional boliviana, con una situación sanitaria crítica, 
hospitales desbordados, cementerios saturados y escasez de agua. A la par de esta situación de crisis 
sanitaria, la Asociación Nacional de Prensa (ANP, 2020) manifestó su preocupación por la 
promulgación del Decreto 4231 que en conjunto con declaraciones de varios ministros en las que 
amenazan con encarcelar a quien difunda “desinformación” parece significar que la intención es 
castigar penalmente a los medios de comunicación que cuestionen las estrategias de respuesta al 
coronavirus por parte del gobierno de Añez. Esto complica aún más el contexto cuando al mismo 
tiempo el gobierno boliviano pretende posponer el proceso electoral, algo que ha detonado grandes 
movilizaciones. 

El contexto político ha hecho que la pandemia se convierta en parte de la pugna electoral, al tiempo que 
los contagios y las muertes siguen aumentando en Bolivia sin una respuesta institucional de contención 
efectiva. Oscar Olivera describe la situación de manera cruda cuando dice “Los de arriba muestran 
mucha inoperancia, pillaje y chantaje. La clase política sólo está interesada en su poder, lo último que 
les interesa es la gente. Tanto en el gobierno como en la oposición hay un aprovechamiento de la 
desgracia y de la impotencia de la población abandonada a su suerte. La política de arriba es un circo 


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putrefacto” (Zibechi, 2020b). 

Brasil 

Brasil se encuentra con el coronavirus bajo la administración de Jair Bolsonaro, un presidente que se ha 
caracterizado por la implantación de políticas autoritarias, cercano al ejército y a las grandes empresas 
agroindustriales. Su mandato ha sido crecientemente hostil y explícitamente racista hacia las 
poblaciones indígenas de la región amazónica. En los recientes incendios masivos de la selva, el 
gobierno de Bolsonaro no sólo tardó mucho en poderlos controlar sino que se negó a recibir apoyo 
internacional para detenerlos, al tiempo que minimizó la gravedad de las consecuencias ambientales y 
sociales. 

La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil en el diagnóstico de su plan para enfrentar el Covid-19 
en Brasil, titulado “Emergencia Indígena” (APIB, 2020) , registra 113 pueblos indígenas afectados con 
8847 infectados y 365 muertos hasta el 25 de junio de 2020. De acuerdo con la información de la 
APIB, el SARS-CoV-2 llegó a los territorios indígenas más remotos a través del Ejército y de los 
médicos y equipos de la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI) del gobierno brasileño. Estas 
infecciones se dan a la par de los constantes ataques e invasiones de los territorios indígenas por parte 
del gobierno y empresas interesadas en los recursos que ahí se encuentran. 

Desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, la situación en la que se encuentran los 
indígenas del Amazonas es grave, sobre todo desde que se ha comenzado a invadir su territorio. La 
invasión provocó condiciones parecidas a las que se presentaron en el territorio Yanomami en los 
ochentas cuando una quinta parte de la población murió de enfermedades después de que un grupo de 
trabajadores (40 mil garimpeiros ) inundaron la reserva. La situación actual es muy similar con los 20 
mil garimperos que hay en la zona (Phillips, 2020). Con la actual invasión garimpeiro Bolsonaro dijo 
que la reserva es demasiado grande para su población de alrededor de 26,000 indígenas, y que sus 
riquezas minerales deberían ser explotadas. Es importante anotar que Bolsonaro está denunciado ante la 
Corte Penal Internacional por genocidio desde 2019 (CADHU, 2019). 

Colombia 

De acuerdo con la infonnación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ, 2020) 
desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Annadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en 2016 se han cometido casi mil asesinatos de líderes 
sociales y defensores de derechos humanos. La mayoría de los asesinatos han sido cometidos por 
sicarios “desconocidos” probablemente vinculados a terratenientes, paramilitares, narcotraficantes y a 
políticos vinculados con ellos. Más de la mitad de las víctimas son campesinos e indígenas y 
vinculados a conflictos producidos por la minería, posesión de la tierra, recursos naturales, cultivos 
ilícitos y narcotráfico. De estos asesinatos, las instancias oficiales han documentado menos de la mitad. 


La crisis sanitaria no detuvo los asesinatos, tan solo entre el 6 de marzo, cuando se contabilizó el 



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primer caso de Covid-19 en Colombia y el 8 de agosto de 2020, el INDEPAZ (2020b) registró 114 
líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en diversas regiones. La mayoría de ellos 
son de la región del Cauca en donde hay procesos organizativos potentes y profundos como el de la 
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. 

El Consejo Regional Indígena del Cauca (2020) denunció en marzo la agresión del Ejército 
Colombiano a su guardia indígena responsable del control territorial en el contexto de la pandemia, en 
algo que identifican como una estrategia del gobierno colombiano no sólo con la intención de atacar 
sus territorios, sino de usar esos ataques para propagar el virus entre la población indígena, nos 
declaramos en máxima alerta, por las intenciones de pennear nuestro territorios con la guerra y 
expandir la pandemia”. 

Chile 

En los meses anteriores a la pandemia, Chile se encontraba viviendo masivas movilizaciones detonadas 
por el descontento hacia el gobierno de Sebastián Piñeira, pero que se orientaban a la búsqueda de 
cambios más profundos y que tuvieron una respuesta violenta por parte del gobierno chileno. Durante 
esas movilizaciones, entre los meses de octubre de 2019 y febrero de 2020, el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH, 2020) de Chile documentó 3.765 personas heridas, 500 por balas. Las 
acciones del Estado derivaron en 1.312 acciones judiciales iniciadas por el INDH, 5 de ellas por 
homicidios cometidos por agentes estatales, 195 por violencia sexual y 951 por tortura. Un actor central 
en estas propuestas fue el pueblo Mapuche, que durante años ha denunciado la invasión de sus 
territorios por parte de empresas agroindustriales y extractivas, y que ha padecido una represión 
sistemática por parte del Estado Chileno. 

Durante la crisis por el SARS-CoV-2, la situación de los mapuches se ha recrudecido aún más. Desde 
el 4 de mayo de 2020, 27 presos mapuches iniciaron una huelga de hambre que despertó 
movilizaciones solidarias, que como respuesta fueron reprimidas. Los presos mapuche han sido 
excluidos de las medidas mínimas de prevención de contagios. Por otra parte, en la región de la 
Araucanía, los mapuches ocuparon edificios municipales en protesta por la precaria situación de salud 
de los 27 presos. En esa misma región, el 4 de junio el vocero de la comunidad We Newen, Alejandro 
Treuquil, fue asesinado y en la agresión otras tres otras personas resultaron heridas (Comunidad 
Autónoma We Newen, 2020). El 1 de agosto un grupo de civiles armados, con la aquiescencia de la 
policía, entraron en los edificios violentamente y agredieron a las mujeres, hombres y menores que se 
encontraban en el interior (Vocería de Machi Celestino Cordova, 2020). El pueblo Mapuche denunció 
que la policía permitió que ocurrieran los hechos aún cuando los agresores se encontraban violando el 
toque de queda con motivo del estado de emergencia. Los territorios Mapuche en esa región han sido 
recurrentemente agredidos por fuerzas estatales y por grupos empresariales interesados en el control de 
los recursos que se encuentran en esos territorios. 


Ecuador 



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La situación de Ecuador ha sido difundida como ejemplo de horror en la pandemia. Las imágenes de 
los cadáveres en las calles de Guayaquil muestran un sistema de salud y de los servicios públicos 
forenses totalmente colapsados. Sin embargo, la situación no es exclusiva de esa ciudad ecuatoriana, es 
un problema nacional que tiene sus causas inmediatas en decisiones económicas que derivaron en una 
crisis estructural. 

Desde 2019 el gobierno de Lenin Moreno inició la aplicación de políticas de ajuste del gasto y de la 
inversión pública, así como de las condiciones laborales y del sistema de pensiones, en el marco del 
acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional (SAF) suscrito febrero del 2019. 
Estas políticas han precarizado aún más a los sectores de la población de por sí empobrecidos, 
beneficiando a empresas trasnacionales, bancos entre otros sectores acomodados. Entre las medidas 
está la contracción del sistema de salud pública. De acuerdo con datos del Parlamento Plurinacional 
de los Pueblos (2020), el presupuesto de salud pública se redujo de 353 millones de dólares en 2017 a 
186 millones en 2019. Desde 2017 el gobierno ecuatoriano había condonado 4,500 millones de dólares 
en impuestos a las 500 empresas más grandes. A la par, en marzo de 2020, el gobierno de Moreno 
decidió realizar un pago de 324 millones de dólares de su deuda extema, precarizando aún más al país 
y sus posibilidades de enfrentar la pandemia. 

Según la OIT en Ecuador en 2019 el número de personas que perdieron su empleo era de 311, 000 y 
calculan que para finales de 2020 la cifra sea de 850,000 nuevos desempleados. A pesar de esto, para 
enfrentar la pandemia, el gobierno de Moreno creó la “Ley Humanitaria”, con la que pretende crear un 
impuesto de facto (contribución) al trabajo que implicaría que los trabajadores ecuatorianos absorbieran 
el 60% del costo de la crisis. 

El Salvador 

Desde inicios de marzo de 2020, la administración del presidente Bukele de El Salvador estableció 
centros de cuarentena en donde confinaron a viajeros que llegaban al país durante 30 días sin medidas 
de sanidad ni prevención de contagio adecuadas. En esos mismos centros retienen a personas detenidas 
por las fuerzas militares y policíacas por violar la orden de quedarse en casa impuesta en la declaración 
de Estado de Emergencia y el posterior Estado de Excepción. De acuerdo con la información del 
Gobierno de el Salvador (2020), hasta el mes de agosto más de 16 mil personas habrían sido retenidas 
en los 23 centros de cuarentena de las cuales 2400 habrían sido retenidas por violar la cuarentena. De 
acuerdo con el informe sobre violaciones de derechos humanos en la respuesta al Covid-19 del Comité 
en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES, 2020) una gran cantidad de estas detenciones 
han sido arbitrarias y con un uso excesivo de la fuerza, abusos que no sólo no han sido investigados o 
frenados por las autoridades sino que han sido alentados por el propio presidente Bukele, violando 
incluso la decisión de la Suprema Corte de que sólo se detuviera a quienes se considerara infectados. 

En paralelo a esto, la administración de Bukele se ha mostrado hostil ante periodistas y radios 
comunitarias y han obstaculizado el acceso a la información sobre la respuesta gubernamental a la 
pandemia. Como nota complementaria, Bukele solicitó un préstamo de 389 millones de dólares al FMI 



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al tiempo que redujo en 33 millones el presupuesto de salud. 

Estados Unidos 

Lo que Gordon y Green (2020) llaman racismo estructural y que otros han llamado racismo sistémico 
en Estados Unidos quedó evidenciado con el surgimiento del movimiento social Black Lives Matter 
después de que George Floyd fuera asesinado a manos de policías. El hecho de que este movimiento se 
haya convertido en la protesta social más grande en la historia estadounidense (Brooks, 2020) y que 
esto se haya dado en el contexto de la pandemia resulta sumamente importante. Como dice Brooks, ese 
movimiento empieza a cuestionar los fundamentos del sistema estadounidense y su injusticia 
económica, social y política protegida a través de la violencia racista oficial. Como hemos podido ver 
la serie de burdas declaraciones de altos funcionarios y la ejecución de actos inhumanos se han vuelto 
cotidianas en Estados Unidos y se han agudizado con la pandemia. 

Tras el asesinato de George Floyd y las crecientes protestas del movimiento Black Lives Matter (entre 
otros) en las principales ciudades de Estados Unidos, la administración Trump decidió utilizar a la 
agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP en inglés), perteneciente al Departamento de 
Seguridad Interna (Homeland Security) y que incluye a la Patrulla Fronteriza, como policía federal para 
enfrentar a los manifestantes. De acuerdo con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, 
2020), la CBP y la Patrulla Fronteriza han actuado como policía secreta durante años, llevando a cabo 
arrestos violentos de migrantes sin papeles en todas las ciudades estadounidenses. Tanto la ACFU 
como otras organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y uso excesivo 
de la fuerza por parte de las fuerzas federales desplegadas por el gobierno de Donald Trump. A esto se 
agrega el uso también de la agencia de Ejecución de Aduanas e Inmigración (ICE) que ha sido 
responsable de las brutales deportaciones de migrantes durante los años recientes. 

De acuerdo con in formación de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del 
gobierno estadounidense la población negra ha sido desproporcionadamente más afectada con mayor 
necesidad de hospitalización. Muchas de las personas que no pudieron dejar de trabajar y que se 
contagiaron del virus han sido en su mayoría negros y latinos. De acuerdo con los datos del Rastreo 
Racial del Covid-19 en Estados Unidos (The Atlantic, 2020), la población negra está muriendo 2.5 
veces más que la población blanca (con 74 muertes por cada 100 mil habitantes) seguidos por la 
población indígena y la población latina (con 40 muertes por cada 100 mil habitantes cada una) y por la 
población de origen asiático (con 31 muertes por cada 100 mil habitantes). 

Es importante resaltar que la CBP se ha convertido en una fuerza militarizada, violenta y con un alto 
grado de impunidad, la ACLU tiene un registro de 102 personas asesinadas en los últimos diez años en 
encuentros con este cuerpo de seguridad y muertes en custodia por las cuales ningún agente ha sido 
enjuiciado. Los agentes de la CBP incurren en actividades criminales fuera de sus tareas oficiales cinco 
veces más que cualquier otro cuerpo policíaco. El secuestro, violación o desaparición de niños y 
familias de migrantes a manos de la Patrulla Fronteriza es recurrente. 


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Esta agudización de la violencia interna en Estados Unidos se da en medio de un contexto más amplio 
de hostilidad racial y social que ha sido alimentado por la administración del presidente Trump. Un 
ejemplo claro ha sido su constante hostilidad hacia la población migrante sin papeles, que no ha 
disminuido con la crisis sanitaria. La expulsión de niños migrantes se ha vuelto cada vez más crítica, 
entre marzo y abril al menos 915 menores de edad fueron expulsados y al menos 60 fueron deportados 
desde el interior del país en el mismo periodo, de acuerdo con cifras oficiales. De acuerdo con reportes 
de diversas organizaciones las deportaciones han sido en plena madrugada y sin que los guardianes 
legales de los niños fuesen notificados. Algo que se vuelve cada vez más evidente es que Trump está 
aprovechando la crisis del coronavirus para endurecer sus políticas migratorias y medidas de 
deportación. 

El caso de Estados Unidos es particularmente complejo por la cantidad de abusos simultáneos que se 
están cometiendo y por el impacto regional y global que tienen. 

Guatemala 

En Guatemala el gobierno del presidente Alejandro Giammattei declaró entre junio y julio Estado de 
sitio en varios municipios de la región Q’echi’ y Garínagu (garífuna) de los departamentos de Izabal, 
Alta Verapaz y Sololá. Estas declaraciones han sido rechazadas por decenas de organizaciones, sobre 
todo porque la normatividad del Estado de sitio es la misma que existía durante el conflicto armado 
intemo, dentro de la Ley de Orden Público de 1965, y presenta condiciones para que las fuerzas de 
seguridad cometan abusos. El Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH, 2020) y la 
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA, 
2020) han documentado y denunciado que el Ejército de Guatemala y la Policía Nacional Civil han 
cometido detenciones arbitrarias, han hecho allanamientos ilegales, efectuado interrogatorios incluso a 
menores de edad y han agredido a mujeres. 

Honduras 

La situación en Honduras era ya compleja antes de la llegada del SARS-CoV-2, el contexto político que 
detonó el golpe de Estado se ha agudizado. Como lo ha documentado el Centro Hondureño de 
Promoción para el Desarrollo Comunitario, se exacerbaron los conflictos territoriales, al mismo tiempo 
el uso de la policía militar para implementar las medidas de distanciamiento ha desencadenado una ola 
represiva violenta de detenciones arbitrarias, se han usado annas de fuego en contra de manifestantes y 
se ha cometido por lo menos un homicidio a manos de agentes estatales como lo denuncian las 
organizaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos en Honduras (2020). 

Además de la situación general, la población Garínagu (garífuna), que ya sufría condiciones cercanas al 
apartheid con condiciones de enonne discriminación y el despojo de sus tierras y comunidades con 
fines turísticos, durante la cuarentena la violencia en su contra se ha acentuado con la aquiescencia y 
posible colusión del Estado, a pesar de la existencia de una sentencia de la CIDH que exige su 
protección. La Coalición contra la Impunidad denunció a finales de julio de 2020 la desaparición 


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forzada de cuatro hondureños garínagu y la muerte de otros dos, todo esto enmarcado en el contexto de 
violencia sistemática en contra de estas comunidades de la costa caribeña (Dávila, 2020). 

México 

El coronavirus llega a México en un contexto de crisis humanitaria detonada por la guerra abierta que, 
el gobierno del expresidente Felipe Calderón desató en contra de los cárteles del narcotráfico a poco 
tiempo de ser nombrado presidente en un proceso electoral muy cuestionado con funcionarios ahora 
enjuiciados por vínculos con el crimen organizado y que ha derivado en cientos de miles de muertos y 
decenas de miles de desaparecidos. Esta es una estrategia que continuó con la administración de 
Enrique Peña Nieto. En la gestión de López Obrador la militarización de la seguridad pública tomo un 
nuevo giro con la creación de la Guardia Nacional en 2017, compuesta en su mayoría por policías 
militares, navales y federales y bajo un mando compartido militar y civil. 

Esto se enmarca en un crecimiento de la influencia militar, que con la pandemia se acrecentó. Es 
importante señalar que dentro de la crisis de violencia que se vive en México y con la crisis sanitaria 
tomando fuerza, el 11 de mayo de 2020 el congreso legalizó la presencia de las fuerzas armadas en las 
tareas de seguridad hasta el año 2024, presuntamente como una medida para dar tiempo a la 
consolidación de la Guardia Nacional. 

Desde el inicio de la pandemia en México, el presidente López Obrador se negó a detener la 
construcción de grandes proyectos de infraestructura que presentaban fuerte resistencia local y 
nacional, específicamente el aeropuerto de Santa Lucía (obra en manos del Ejército Mexicano), la 
refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Corredor Transístmico (proyecto iniciado desde la 
administración de Vicente Fox en el marco del Plan Puebla Panamá y continuado en las siguientes 
gestiones). En los cuatro casos, y sobre todo en los dos últimos, proyectos que ya representaban una 
amenaza para el medio ambiente y para poblaciones locales y sobre las que el gobierno mexicano había 
establecido una estrategia que derivaría en la confrontación entre actores locales. 

El ejemplo más claro, reciente y brutal fue la masacre de 15 personas en San Mateo del Mar el 21 de 
junio de 2020, en la que un grupo de indígenas Ikoot que se dirigía en autobús a una reunión 
infonnativa fueron detenidos en un filtro sanitario para después ser atacadas con armas de fuego por un 
grupo armado perteneciente a la policía municipal. Tras el ataque las autoridades Ikoot solicitaron la 
presencia de la Guardia Nacional. Al regresar a su comunidad, Huazatlán del Río, la agencia municipal 
estaba tomada por un grupo armado. Ante esto la Guardia Nacional no sólo no se quedó a resguardar a 
la población, sino salieron del lugar agrediendo a las personas que les pedían ayuda (Asamblea de San 
Mateo del Mar, 2020). 

De acuerdo con los comunicados de las comunidades afectadas, que publica el Congreso Nacional 
Indígena (Alcaldía Único Constitucional San Mateo del Mar, 2020), el retén donde se dio la 
emboscada, que aparentaba ser un filtro sanitario por el Covid-19, había sido instalado por el presidente 
Municipal Bernardino Hinojosa Ponce y por su asesor Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, quién, además 


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es socio de la empresa Construcciones Airad y administrador del Grupo Constructor Pritzker dedicados 
a proyectos de infraestructura y que ha sido protagonista de varias agresiones similares en los últimos 
cinco años. En esos mismos documentos se encuentran comunicados denunciando agresiones armadas 
por ese mismo grupo desde principios de mayo de 2020, advirtiendo la posible escalada de violencia y 
solicitando la acción preventiva gubernamental que nunca llegó. 

En San Mateo del Mar había ya una fuerte resistencia al proyecto industrial y de infraestructura 
transístmica desde sexenios anteriores, en particular contra un proyecto de energía eólica que afectaba a 
varias comunidades. Asimismo, la consulta que realizó la administración de López Obrador sobre la 
continuación y desarrollo del Corredor Transístmico fue fuertemente denunciada por privilegiar la 
consulta en comunidades que no serían directamente afectadas por los proyectos. 

Vale la pena anotar que el ambiente político en torno a la crisis sanitaria es complejo pues se enmarca 
en un contexto de gran agresividad de partidos de oposición al partido oficial y grupos políticos 
vinculados al expresidente Calderón y algunos gobernadores han tratado de utilizar la respuesta al 
SARS-CoV-2 con propósitos electorales, lo que ha detonado que las políticas en tomo a la pandemia 
empiecen a estar condicionadas por el conflicto entre partidos políticos, afines o contrarios a la 
presidencia de López Obrador. 

Al mismo tiempo, el 7 de jubo el presidente López Obrador realizó su primer viaje internacional con 
Estados Unidos como destino para reunirse con el presidente Trump con motivo de la firma del Tratado 
México Estados Unidos Canadá (TMEC). En ese viaje, la comitiva mexicana incluyó a varios de los 
empresarios más ricos de México, incluidos Carlos Slim, el hombre más rico de México con 
importantes inversiones en proyectos mineros y Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios que se 
negaron a adoptar las medidas de astringencia. Este viaje reflejó el peso de la economía en medio de la 
pandemia, en conjunto con el juego electoral tanto en Estados Unidos en dónde Trump pretende lograr 
la reelección en noviembre de 2020 y en México donde se avecinan las elecciones del congreso en 
2021 . 

Perú 

El 27 de marzo de 2020 el congreso promulgó la “Ley de protección policial’'’ que había sido aprobada 
por la legislatura anterior en julio de 2019. La nueva ley implicaba una actualización de normas 
anteriores que protegen a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Perú de consecuencias 
penales por provocar lesiones o muerte en el ejercicio de sus funciones. Entre las objeciones que 
manifestaron numerosas organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 
(CNDDHH, 2020) hay dos matices de la Ley N° 31012 que resultan preocupantes: el primero es que 
impide a los jueces dictar prisión preventiva a los agentes, aún cuando exista riesgo de fuga o 
entorpecimiento de la investigación, lo cual puede en los hechos favorecer condiciones de impunidad; 
el segundo es que se deroga el principio de proporcionalidad en el uso de la fúerza. Este último 
elemento, aunque no exime al Perú de la nonnativa internacional en la materia, sí significa eliminar un 
candado legal a los abusos por parte de la policía y el ejército y otorga un cheque en blanco a la 



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violencia por parte de los cuerpos de seguridad que acentúa un contexto de excepcionalidad producto 
de la emergencia sanitaria. 

La situación se complica cuando a los tres días de la promulgación de la Ley de Protección Policial el 
presidente Martín Vizcarra anuncia medidas de “inmovilización total obligatoria” entre las 18:00 hrs y 
las 5:00 hrs, medida que implemento la Policía Nacional y que ha resultado en miles de detenciones. 

En paralelo la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP, 2020) ha denunciado que durante 
la cuarentena varios defensores ambientales han sido asesinados y no sólo se ven en la necesidad de 
enfrentar la crisis del coronavirus sino también las amenazas de madereros y empresas extractivas. 
Una exigencia de los pueblos originarios peruanos ha sido la ratificación del Acuerdo de Escazú que 
facilitaría la exigencia de acceso a la información sobre proyectos potencialmente dañinos al medio 
ambiente, así como de mecanismos de consulta para su implementación en territorios biodiversamente 
ricos, que coinciden con los territorios indígenas. Grupos empresariales y mineros se oponen a la 
ratificación del instrumento internacional. 

El congreso peruano ha dado mayor agilidad a normativas como la Ley de Protección Policial que 
establece condiciones de mayor violación de derechos humanos en un país en el que se le pennite a la 
policía incluso dar servicios de seguridad privada a empresas mineras, mientras que rezagan acuerdos 
como el de Escazú que favorecen condiciones de mayor protección tanto al medio ambiente como a 
quienes lo defienden y cuidan. 


¿Crímenes de Estado en la pandemia? 

Se suele tener la idea de que un crimen de Estado se comete solo bajo regímenes explícitamente 
autoritarios o en situaciones de guerra, pero no. Generalmente implican actos que por su naturaleza se 
ocultan porque quien los cometió tiene a su mando el aparato punitivo, la impartición de justicia y el 
uso del monopolio de la fuerza, es decir que quienes los cometen tienen como garantía la impunidad. 
Por eso la necesidad de señalar esos actos radica en la urgencia de nombrar lo que normalmente no es 
nombrado. 

Después de analizar el conflicto y la discusión por la que atraviesan hoy los derechos humanos es 
importante pensar en cómo se pueden empezar a nombrar aquellos actos. Actualmente casi cualquier 
persona en cualquier parte del mundo reconoce que los Estados cometen violaciones de derechos 
humanos. Existe toda una aceptación respecto a la existencia de esa realidad. Pero si se pregunta si el 
Estado cometió un crimen entonces puede haber duda, rechazo o desconcierto. Por eso es necesario 
retomar algunas ideas sobre los crímenes de Estado. 

Los crímenes de estado son prácticas desviadas estatalmente organizadas (Green y Ward, 2004) que 
incurren en la violación de los derechos humanos. El ténnino desviación es el comportamiento que 
infringe una regla, en este caso una regla estatal. Para Green y Ward se da una práctica desviada cuando 



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existe cierta aceptación de esa regla, cuando se interpreta ese acto como una violación de la regla y hay 
disposición de aplicar sanciones importantes o significativas contra el acto que violó la regla. 

En muchos casos, y claramente en la crisis del Covid-19, esa desviación es programada porque 
responde a una lógica de triage social. La desviación programada sumada a la muerte como esencia 
del necrocapitalismo produce la gradualidad de la muerte social. Las redes de poder que se alimentan 
del sistema capitalista-colonial necesitan del control de la vida y de la organización y la programación 
de la muerte para sostenerse, necesitan establecer las condiciones de excepción para que los Estados 
cometan crímenes y no existan consecuencias ante esos actos. 

Estos crímenes son estatalmente organizados, es decir actos legalmente señalados como criminales que 
son cometidos por funcionarios estatales en el desarrollo de sus funciones (Chambliss, 1989). No se les 
puede ver como actos aislados o individuales. Bailone (2017) identifica estos como crímenes de poder, 
y los distingue de los crímenes de los poderosos como aquellos que cometió un individuo que es parte 
de la estructura estatal. Refiriéndonos a los crímenes ejecutados desde la estructura de poder estatal 
existe un debate en tomo al castigo que hay en respecto a estos. Se les juzga en lo individual, cuando se 
les debería de juzgar en lo individual y estructural porque generalmente hay una relación entre los actos 
criminales y la cadena de mando. Hasta ahora no se pueden juzgar entes abstractos, aunque deberían 
de comenzar a sentarse modos para que esos actos sean juzgados de otro modo. Para Osoria (2016) 
cuando estos crímenes son investigados y condenados se enfatiza en los individuos que cometieron la 
acción, no se condena el sistema ni las estructuras gubernamentales que generaron esas acciones y así 
se despolitiza la criminalidad estatal. Desde esa perspectiva politizarla sería darle sentido a que los 
actos son estructurales y se han posibilitado no solo por el Estado, sino como estamos viendo a nivel 
global por la implantación de un sistema que está implicando muerte y que está basándose en desechar 
gente. 

Los crímenes de Estado se cometen bajo el peso de un discurso justificante (Zaffaroni, 2017), muchas 
veces en nombre de un “bien general”. Esos actos llevan por delante la negación de quiénes los han 
ejecutado (neutralización) que se manifiesta desde la negación literal “no pasó nada”, la negación 
interpretativa “lo que ocurrió es realmente otra cosa”, hasta la negación implicatoria “lo que sucedió es 
justificado” (Cohén, 1955). 

Otra característica importante es que los crímenes de Estado causan más daño que los crímenes 
individuales porque éstos muchas veces generan daños masivos, daños que acaban con la vida de 
mucha gente o que la lesionan y le causan sufrimientos. 

Ward (2013) sugiere las siguientes preguntas para responder si se está ante crímenes de Estado: 

1. ¿El presunto comportamiento criminal es desviado en el sentido en que cierta expectativa social 
significativa condena el comportamiento y presiona al Estado para que desista de ese comportamiento? 


2. ¿La desviación es organizacional, por ejemplo, llevada a cabo en la búsqueda de los objetivos 


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organizacionales de una agencia estatal? 

3. ¿El comportamiento viola los derechos humanos? 

La combinación entre las declaraciones de emergencia y la lógica del triage social pareciera dar la 
pauta perfecta para que la ejecución de actos atroces tenga una justificación tal que las decisiones 
inhumanas se expliquen con cierta normalidad y generando aceptación. Dentro de esta dinámica es 
necesario detenemos para preguntarnos si los actos cometidos en esa dinámica pueden estar 
configurando crímenes de Estado. Esto no significa que en todos los casos se estén cometiendo 
crímenes de Estado, pero hay elementos claros de violencia directa y estructural y de responsabilidad 
del Estado en ellas, pero por su gravedad y por la crisis coyuntural, resulta importante señalarlos y en 
otro momento sería importante profundizar en sus implicaciones específicas y en las acciones 
necesarias para detenerlos. 

En los casos en los que los Estados han optado por la economía por encima de la vida de la gente no 
estamos ante violencia de Estado, aunque bien se le podría encuadrar en un tipo de violencia estructural 
(Gordon y Green, 2020), hay otros en los que la violencia la ejercen directamente agentes estatales y 
hay combinaciones entre ambos con la participación de agentes estatales y no-estatales. 

La combinación entre las medidas de astringencia social que muestran los índices con el tipo de 
agresiones y violaciones de derechos humanos dan indicios de las perspectivas de triage social con las 
que se aborda la emergencia sanitaria. En unos casos se ha enfrentado priorizando la economía y se 
define como desechable a la población que los Estados consideran que obstaculiza objetivos 
económicos o que es reemplazable dentro de la actividad económica. En otros se prioriza el control de 
la movilidad y cualquiera que desafíe o no se someta al ese control es desechable, sobre todo si es parte 
de poblaciones previamente definidas como desechables, es decir, los de abajo. En ambos casos el 
elemento de control poblacional se acentúa con la emergencia para contener o eliminar a poblaciones 
que no responden, resisten o se rebelan a los propósitos de quienes detentan el poder del Estado y de 
quienes utilizan indirectamente el poder del Estado (el mercado). 

Algo que resalta es que en los tres países con menor índice de astringencia (Brasil, México y Estados 
Unidos) fueron en los que los casos de violencia tienen que ver con violencias estructurales derivadas 
de intereses económicos y aspectos culturales como el racismo. En contraste, los tres países con 
mayores índices de astringencia (Argentina, El Salvador y Honduras) es en donde la violencia fue 
cometida directamente por agentes estatales. Esto pareciera indicar que la respuesta de los Estados a la 
crisis sanitaria tiene una correlación (o tal vez causalidad) con el tipo de violencia que ejercen directa o 
indirectamente, por agendas explícitas o dinámicas estructurales. 

En algunos casos deliberadamente la decisión de los Estados ha sido sacrificar la vida de la gente, por 
locura, interés económico o electoral, una versión trágicamente caricaturesca son las frases como "Los 
abuelos están dispuestos a morir para no dañar la economía" del vicegobernador de Texas, o la ilustre 
frase de Bolsonaro al inicio de la pandemia, “todos moriremos algún día”. 



33 


Lo que estamos viviendo, las imágenes que llueven en medios y redes sociales de los cementerios que 
desbordan y las filas y filas de ataúdes no son provocados solo por la pandemia, sino como 
mencionamos antes, por la implantación de un sistema que sacrifica vidas y que para funcionar necesita 
hacerlo. Como dicen Gordon y Green (2020), la crisis generada por la pandemia también está 
exponiendo los crímenes estructurales de los gobiernos. Con estructurales hacen referencia a las 
medidas que los estados han instituido contra sus propias poblaciones, esa criminalidad tiende a 
precipitar la muerte social, que es gradual. Desde 2004 Ward y Green se plantearon que en diversos 
desastres naturales el estado había sido culpable de acciones criminales y prácticas negligentes sobre 
todo relacionadas con las causas estructurales preexistentes. 

Las expectativas de que los gobiernos surgidos de procesos de izquierda, los llamados gobiernos 
progresistas funcionaran radicalmente distinto a aquellos provenientes de las derechas o los múltiples y 
ambigüos “centros” han resultado en grandes decepciones, más allá de algunos matices, algunos más 
relevantes que otros. Aunque las personas y grupos que llegan a convertirse en gobierno pueden 
modificar ligeramente las trayectorias de los Estados y de la dinámica social, están sujetos al mismo 
sistema, se vuelven parte de ese sistema, para llegar al poder y sostenerse pactan, acuerdan, responden 
a la misma dinámica. Algo que ha mostrado la pandemia es que los procesos que llevan a lógicas de 
triage social y a crímenes de estado no dependen de la ideología de unos cuantos funcionarios públicos, 
son un problema estructural, es un sistema que se alimenta del control y la gestión de la vida y la 
muerte. Un sistema que saquea, despoja, deja sin territorio, sin recursos, sin sistemas de salud, sin 
vida. Planteado de una manera más simple, como lo han dicho muchas y muchos antes, no se trata de 
izquierda contra derecha, es los de arriba contra los de abajo. 

Si consideramos que la pandemia está demostrando una situación ambiental que podría repetirse 
debemos de actuar en la lógica de sentar precedentes, no legales sino sociales, sentar actos de condena 
colectivos que cierren la puerta a que cada vez sea peor. La tendencia que ahora vemos de nonnalizar 
lo atroz debe ser detenida. Bolsonaro y Piñeira ya están estableciendo leyes que impiden que sus actos 
durante la pandemia sean juzgados. Entonces, las piezas están puestas. Decidir qué se puede aceptar 
como nonnal y qué no es algo vital y básico para enfrentar la crisis humana que atraviesa el planeta. 

De los casos revisados emergen algunos patrones generales. Por una parte, se hace evidente la 
incapacidad Estatal para enfrentar las consecuencias sociales de la pandemia, tendiendo hacia formas 
autoritarias y arbitrarias de toma de decisiones, más allá de las cuestiones específicamente sanitarias y 
justificadas mediante discursos de triage social. Por otra parte hay una tendencia a aprovechar las 
condiciones de vulnerabilidad social de la crisis sanitaria para avanzar agendas que afectan a 
comunidades y sectores de la población que en el fondo consideran desechables, para salvaguardar el 
sistema económico capitalista o en favor intereses de minorías poderosas. 

Por otra parte se han mostrado los intereses electorales y de abuso de poder que han minimizado la 
pandemia porque no les ayuda a continuar con sus campañas provocando que el modo de responder a la 
crisis sea básicamente sacrificando a la población. Hay los casos en los que la pandemia ha dado la 



34 


pauta perfecta, la excusa para que el genocidio se disfrace y la causa de la muerte sea atribuida a 
hechos naturales, como parecen indicar con mayor claridad los casos de Brasil y Colombia. Para esto, 
los Estados cometen actos injustos y en muchos casos inhumanos, que además constituyen violaciones 
de derechos humanos y potencialmente crímenes de Estado, que en un ambiente de excepción como el 
que presenta una emergencia sanitaria de estas dimensiones permite encontrar justificaciones para actos 
que en otro momento se considerarían atroces. 

La condena social a estos actos se ha manifestado de distintos modos, desde las protestas masivas en 
Estados Unidos, Bolivia y Chile, hasta la respuesta de desconfianza explícita de comunidades de 
protegerse solas por la historia de abusos en su contra por parte de policías y militares. Una 
particularidad en la pandemia es que hay además un amplio porcentaje de la población 
(mayoritariamente de clase media urbana) que se ha mantenido en confinamiento, obligado o 
autoimpuesto, que desde el encierro manifiestan regularmente su descontento a través de las 
plataformas electrónicas. 

Otra fuente de protesta muy relevante ha surgido de los médicos y del personal sanitario en casi todo el 
mundo, reclamando no sólo condiciones laborales y de seguridad mínimamente dignas para poder 
cumplir con su trabajo en la primera línea, sino también cuestionando las decisiones de quienes 
gobiernan. 

Pero las preguntas y puntos expuestos anteriormente en torno a los crímenes de Estado son preguntas 
abiertas para ir trazando una ruta de respuesta, para que desde diversas geografías podamos 
caracterizar, identificar y señalar esos crímenes de Estado y que nos enlacemos para compartir y actuar. 


¿Qué sigue? 

En este texto no hemos abordado las contradicciones que también ocurren en el abajo, en la población 
que de uno u otro modo responde como ha podido y con lo que puede responder. No se puede esperar 
que millones de personas que viven al día dejen de trabajar y se encierren a morir de hambre. Eso ha 
demostrado la desigualdad ya muy mencionada en este texto, el contraste tan fuerte que se dio entre los 
que podían pennanecer en aislamiento y los que no puso mucho a pensar en el tipo de relaciones y 
comunidades que debemos de construir. Por otro lado, también hubo muchas personas que pudiéndose 
encerrar para evitar contagios siguieron saliendo sin entender que el salir podía provocar más contagios 
y que eso no era una decisión personal. 

La tendencia a asumir que la amenaza es externa a el círculo social de cada persona, así como una 
costumbre de impunidad y privilegio han llevado a las élites a asumirse inmunes al virus o a sus 
efectos, sea por creer que el tener acceso a servicios de salud privados puede favorecerlos o porque 
asumen que quienes los rodean no tienen las mismas características biológicas que ellos. Pareciera que 
existe la creencia de que el dinero, las conexiones políticas o las jerarquías sociales pueden permitirles 
controlar el virus o eximirlos de su responsabilidad hacia aquellos a los que contagian. 



35 


En contraste existe también una reacción que combina la necesidad de socialización, de consumo y de 
delegación en el Estado de su sentido de prudencia frente a los contagios potenciales. Esto lleva a 
amplios sectores de la población a decidir sobre su movilidad a partir de declaraciones o decretos 
gubernamentales más que desde la información concreta sobre el número de contagios. 

Además, está la población que durante la pandemia han tenido que trabajar por estar en sectores 
esenciales o en empresas que no pudieron o se negaron a cerrar temporalmente, y la que sobreviven del 
más amplio sector laboral del continente, la economía informal. Para estos sectores hubo condiciones 
mínimas o inexistentes de protección, lo que también influye en su percepción sobre las medidas 
sanitarias. Hay que recalcar que fueron también los sectores más afectados, en términos de salud y 
económicos. 

La supervivencia en este contexto quiere decir algo muy distinto para cada sector. Para unos significa 
mantener su estado de excepción y de inmunidad a los males de la sociedad, y para otros significa 
seguir sobreviviendo a todos los males de la sociedad, de los cuales la pandemia es el menor. 

Lo que es innegable en este momento es que el virus es un mal que ha golpeado a toda la humanidad y 
que explicitó la interconexión humana. La interconexión tiene varias aristas. No todos los cuerpos 
pudieron encerrarse y muchos entendieron que la interconexión completamente palpable representa 
ahora más que nunca nuevas pistas. Una de las tristes realidades que salió a relucir fueron los grandes 
porcentajes de población que no entendieron los riesgos de la interconexión que quedó expuesta con 
este virus. Por otra parte está la conciencia de la importancia de la otredad, de la dependencia de la vida 
de cada uno con la vida y las decisiones de todos los demás. La relación dialéctica entre cuidar-me y 
ciudar-nos se ha vuelto ineludible. 

En estos momentos esa otredad necesita atención tanto para percibir lo que nos enriquece como lo que 
nos vulnera. Por lo contagioso que ha resultado el coronavirus existe el grave riesgo de criminalizar al 
otro, de profundizar el aislamiento y la desconfianza. En las ciudades la fragmentación ya era un 
problema profundo que muy posiblemente esté en aumento y corre el riesgo de agudizarse después de 
la pandemia. 

En algunos lugares se manifestaron modos creativos de no dejar solo al otro y de no criminalizarlo. Se 
organizaron cacerolas comunes, redes de apoyo en las cuales campesinos apoyaron a personas de las 
ciudades. Muchos esfuerzos independientes de organizar comedores gratuitos, no sin la gran dificultad 
que implicó ser solidario con el contagio de por medio. La solidaridad más que nunca cuando fue 
cuerpo a cuerpo implicó en algunos dar la vida. 

Otro ejemplo muy interesante es la Nación Wampis de Perú que en el contexto del saqueo y del 
extractivismo se determinó autónoma en 2015. Los días 8 y 9 de agosto de 2020, en el marco del Día 
Internacional de los Pueblos Indígenas, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (2020) 
acordó declarar su territorio, la naturaleza y su biodiversidad como el Hospital Natural de los Wampis. 



36 


Esta declaratoria incluye la exigencia de respeto al equilibrio ambiental y a los conocimientos que 
entraña la biodiversidad de su territorio, así como la creación de un Comando Covid-19 encargado con 
la tarea de afrontrar la pandemia con acciones de prevención y atención sanitaria. Todo esto ante la 
desconfianza de las capacidades e intenciones del Estado peruano. 

Como dice Zibechi (2020a) las posibilidades de esperanza surgen de las formas de vida heterogéneas, 
eso resuena con la crítica a la universalidad que podría ser un modo en común de señalar a los de arriba 
desde nuestras diversidades; también plantea la idea de que cuando el Estado es genocida, los recursos 
de los pueblos son el único relevo posible para combatir guerras y enfennedades. Esto ya lo venía 
gritando el movimiento feminista de los últimos años, la necesidad de pensar el cuidado en común, que 
hoy no solo se ve como un acierto sino como una urgencia. 

Una señal de alerta, un síntoma alarmante sobre nuestra fonna de relacionarnos como humanidad y con 
el planeta es que al mismo tiempo que estamos padeciendo una crisis global que tiene en sus causas el 
deterioro ambiental que hemos provocado, los asesinatos y agresiones de defensores del medio 
ambiente van en aumento y se han normalizado, y las comunidades que se oponen a proyectos que 
destruyen los frágiles equilibrios del planeta son criminalizadas y olvidadas. 

¿Qué sigue? 

Cuando vemos las respuestas estatales, la crisis del sistema, con la serie de atrocidades que hemos 
repasado, más una larga lista que no cabe en estas líneas, surge una imagen: La de una humanidad que 
viaja toda en un gran barco, el timón lo manejan unos irresponsables, desquiciados, borrachos de poder 
y ambición que nos llevan directo a una colisión catastrófica. Las preguntas y el desconcierto abundan: 
¿Qué hacemos? ¿Saltamos? ¿Peleamos por el timón? ¿Cerramos los ojos? ¿Esperamos un milagro? 
¿Buscamos salir de ahí para ir a otra embarcación? ¿Improvisamos un bote salvavidas? ¿Nos lanzamos 
a nadar solos? La única respuesta que tenemos hasta ahora es que sabemos que ya no podemos seguir 
por ahí, o es trágicamente claro lo que va a pasar. Seguimos navegando a toda velocidad hacia la 
catástrofe y hemos agotado todo aquello que parecía funcionar y que por más que intentamos 
remendarlo, reacomodarlo, sigue siendo igual que lo que nos ha conducido a este punto. 

¿Qué sigue? 

Para tener esperanza hay que sobrevivir. La esperanza que puede surgir en esta crisis no está en cómo 
recuperar el rumbo, sino en hacer que todo tome otro rumbo. El sostener el mismo sistema económico, 
las mismas relaciones de poder, la mismas relaciones con el planeta llevarán inevitablemente a 
situaciones iguales o peores. No es posible seguir viendo hacia el mismo lugar, es necesario mirar 
distinto, relacionamos distinto. Esto no es un ejercicio de ingenuidad o locura, es la más profunda 
sensatez, es algo que hacen muchas, muchos en muchas partes del mundo, tan distintas en historias y 
geografías como la Selva Lacandona o el Kurdistán. 


¿Qué sigue? 



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“Tal vez la pregunta ‘¿Cuál es la velocidad del sueño?’ debería ser acompañada de la pregunta ‘¿Cuál 
es la velocidad de la pesadilla?’” (Subcomandante Insurgente Marcos (2004) 


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